Cinco años han pasado desde que El Salvador declaró el territorio libre de minería metálica y aunque los proyectos de extractivismo se detuvieron durante este periodo, nuevamente se denuncia el riesgo de que puedan resurgir, pese a tener una ley de prohibición.
Durante los cinco años de prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han mantenido una campaña permanente para que el Estado salvadoreño desarrolle las normativas necesarias para la aplicación de la ley y que salde las deudas pendientes con la población salvadoreña, sin que hasta hoy se haya logrado algún avance.
Deudas pendientes de compensación
La lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar la amenaza del extractivismo minero en el país.
Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados al medio ambiente y la salud de las personas; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado. Las deudas pendientes de compensación se enlistan en:
- Pendiente quedan la justicia y reparación para los familiares de las víctimas de la violencia minera en el departamento de cabañas.
- Pendiente de aplicar cierres técnicos de minas que frenen la contaminación del agua y los suelos causados por 15 minas abandonadas en el oriente del país
- Pendientes procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la explotación de minas, particularmente las afectaciones en la comunidad San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que desde hace más de una década sufre los impactos del drenaje acido causado por la mina del mismo nombre.
- Pendiente la conversión de la minería artesanal y la creación de condiciones y alternativas idóneas para que las familias que residen en los cantones de San Sebastián y Santa Rosa de Lima subsistan de actividades económicas alternativas.
Protección de aguas transfronterizas
En el quinto aniversarios de la prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Contra la Minería Metálica también hicieron un llamado al gobierno de El Salvador para que haga uso de los tratados y convenios internacionales para denunciar la amenaza de contaminación del lago de Guija y el rio Lempa ante los avances del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
La empresa canadiense Bluestone Resources anuncio que el proyecto tiene el visto bueno del gobierno guatemalteco y que espera explotar 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de oro en un período de 11 años. Según ha declarado el presidente de la empresa, Jack Lundin, “Cerro Blanco” se convertirá en la mayor productora de oro de Centroamérica.
Para evitar la contaminación transfronteriza que amenaza al país, La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, junto a otros espacios ambientales han propuesto al gobierno que lidere la negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio, existen más de 40 concesiones mineras que amenazan al país en las fronteras de Honduras y Guatemala.
En el quinto aniversario de la prohibición, ambientalistas también demandaron que la prohibición minera se eleve a un rango constitucional y denunciaron la adhesión del Estado salvadoreño al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible- IGF, una institución financiada por el gobierno canadiense para promover sus empresas mineras a nivel internacional.
