Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), en Centroamérica viven más de 70 pueblos indígenas de diferentes etnias, en un área total de 282,565 km2. Casi el 40% del territorio de las áreas protegidas se encuentra traslapada con tierras indígenas, lo que muestra la convivencia armónica, respetuosa y sostenible de estos pueblos con la naturaleza.
En la actualidad, el vínculo entre la minería y los pueblos indígenas en la región ha estado caracterizado por diversos conflictos suscitados por el otorgamiento inconsulto y unilateral de concesiones, que afectan sus territorios y vulneran sus propios derechos individuales y colectivos. Algunas causales son: 1) el irrespeto y la violación del derecho a la consulta previa de las poblaciones sobre el uso de sus recursos naturales locales y, 2) el nulo acceso a información pública sobre los derechos otorgados a terceros, por el uso del subsuelo.
La práctica actual de ceder concesiones en territorios indígenas no considera las formas propias de desarrollo ni las actividades económicas de las poblaciones. Tampoco valoran los beneficios que se obtienen de otros recursos estratégicos como el agua, suelo y bosques, los cuales representan su fuente proveedora de medios de vida.
Por lo general, se violentan múltiples derechos humanos reconocidos y contemplados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre estos, el derecho a un ambiente sano, a la salud, el consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Un país que ha sido sujeto de demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de los pueblos indígenas ante la expansión del extractivismo minero, ha sido Guatemala. En estas demandas se ha señalado la negación del derecho a decidir y a tener la libertad de determinación sobre su propio modelo de desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Este asunto ha despertado la discusión sobre los límites que tiene el Estado, con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales, y hasta dónde, es posible que pueda decidir sobre la conveniencia o no de consentir el aprovechamiento minero en estos territorios.
En Guatemala se contabilizaron 32 lotes mineros, de los cuales 21 en exploración y 11 en explotación, ambos cubren una superficie de 1,107.97 km2, los cuales afectarán a 10 pueblos indígenas (Qeqchi, Chorti, Achi, Xinca, Mam, entre otros) localizados en 10 departamentos, entre los que cabe destacar, Quezaltenango, San Marcos, Chiquimula, Jalapa y otros.
En El Salvador se identificaron 12 lotes para exploración, que totalizaron 376.20 Km2 y estarían afectando a 3 poblaciones indígenas Nahua, Lenca y Lenca mestizo, localizados en 4 departamentos: Cabañas, Chalatenango, San Miguel y Morazán.En Honduras se contabilizó la existencia de 25 lotes mineros, 11 en exploración, 14 en explotación y 4 Reservas Mineras.
Todos ellos representan una superficie de 538.18 km2 y afectan directa e indirectamente a 5 pueblos indígenas: Chorti, Pech, Tolupan, Garifuna y Lenca_Mestizo. Nicaragua cuenta con la mayor cantidad de lotes y extensión territorial dentro o contiguo a territorios de pueblos indígenas, en comparación con el resto de países.
En total se reportan 95 concesiones, de los cuales 5 lotes en exploración, 54 en explotación y 41 Reservas Mineras. En conjunto suman 11,070.72 km2 y estarían afectando la vida de 5 pueblos indígenas: miskito, miskito-creole-mestizo, mayagnas, chorotegas y matagalpas.
La mayoría de los países de la región han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a garantizar los derechos indígenas, incluyendo la obligación de realizar consultas sobre cualquier medida o política que afecte directamente sus territorios y sus vidas.
A pesar de ello, se evidencia una administración pública proclive a autorizar concesiones mineras sin reparo de que éstas afecten directa o indirectamente los territorios y bienes naturales/ancestrales de pueblos indígenas. Incluso aquellas comunidades o grupos étnicos que se han movilizado para exigir su derecho han sido rechazados, discriminados y reprimidos por los gobiernos.
