La mina guatemalteca Cerro Blanco, ubicada en una zona fronteriza con El Salvador, tenía permisos de explotación desde 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala. Buscó oro y plata, pero hasta la fecha solo encontró aguas termales con arsénico y otros metales pesados que son altamente tóxicos. Ambientalistas han advertido de la presencia de arsénico en las aguas del río Ostúa y del lago de Güija, encontrado en monitoreos.
El agua del río Ostúa llega desde Guatemala hasta el lago de Güija y de ahí sale hacia el río Lempa. Ese río es el más importante proveedor de agua para el consumo de los salvadoreños, para regar los cultivos que se convierten en comida, para generar electricidad y para las especies de flora y fauna. Mientras tanto, el gobierno del FMLN se fue sin insistir en un acuerdo con Guatemala para prevenir las consecuencias de la minería transfronteriza. El nuevo gobierno de Nayib Bukele aún no ha retomado el tema.
El río Lempa nace en Guatemala y abastece de agua a nuestro país en un 56%, según datos oficiales. En otras palabras, el Lempa provee gran parte del agua potable que utilizamos en las viviendas salvadoreñas, hace posible la producción de energía eléctrica que consumimos, abastece el agua para regar los cultivos que luego se convierten en la comida de nuestra mesa y es fuente de vida para especies de flora y fauna en su recorrido de 360.2 kilómetros.
Ambientalistas, líderes comunitarios y habitantes de Asunción Mita han advertido que en el lago de Güija y el río Lempa fue encontrado un químico natural y tóxico llamado arsénico. La única explicación lógica es que llegó al lago y luego al río por la actividad en la mina Cerro Blanco. Esa era razón suficiente para venir hasta el lugar de origen, hacer algunas preguntas y documentar la contaminación de nuestras aguas. Pero observar, hacer apuntes en mi libreta y tomar fotografías es arriesgado.
Rápido descubrimos que detrás del microbús nos sigue, despacio y de lejos, un picop blanco, doble tracción y con los vidrios polarizados. Uno de nuestros guías lo reconoce y señala que "es un vehículo con personas de seguridad" y armadas, que trabajan para la empresa que es dueña de la mina Cerro Blanco.
Si bien este proyecto inició en 1997, con el permiso de exploración, fue hasta 2007 que obtuvo su permiso para explotación, según consta en documentos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Minas de Guatemala. Ese permiso fue obtenido luego de que la empresa detectó que bajo el suelo se encuentra un aproximado de 1.24 millones de onzas de oro y 4.7 millones de onzas de plata.
Julio González, activista del Colectivo Madre Selva en Guatemala, me aseguró que la mina es un proyecto fracasado, pues en casi una década solo encontraron aguas termales con arsénico y nada de oro o plata. Esas aguas termales inundaron las excavaciones que hicieron los trabajadores de la mina. Tras esas circunstancias, según Julio, es que en 2016 GoldCorp anunció la suspensión temporal de la mina, bajo el argumento de que era una estrategia comercial y así no perder lo invertido.
La situación de la empresa minera, según Julio, en realidad es una nimiedad, comparada con lo que debemos enfrentar los salvadoreños que dependemos del Lempa. La empresa solo invirtió dinero en una mina que no entregó oro ni plata. Pero los salvadoreños tenemos contaminada el agua que viaja por el río hasta las tuberías de nuestras viviendas o sirve para el riego de cultivos. Esa agua ha sido contaminada con el arsénico de las aguas termales que inundaron las excavaciones que hicieron los mineros.
“Cerro Blanco ha estado extrayendo agua termal. Drenan sus túneles de exploración para evitar que se inunden. Luego, el agua extraída la enfrían para supuestamente quitar el arsénico natural y la liberan al río Ostúa”, me dice Julio, junto a la ribera del lago de Güija, en el occidental municipio de Metapán, El Salvador. El río Ostúa también lleva agua al lago de Güija y del lago sale al Lempa.
El Ostúa es una amenaza para el lago de Güija, debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco. El Güija, a su vez, es el más grande proveedor de agua del río Lempa.
La actividad minera en Cerro Blanco ya era preocupante en 2013, cuando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) publicó un estudio sobre las potenciales vulneraciones y afectaciones al agua que consumimos los salvadoreños. En ese año, la PDDH habló de "potenciales vulneraciones". Ahora es una realidad.
Julio González sostiene que los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala fueron viciados desde el primer momento. Asegura que los primeros permisos habían sido rechazados por esa institución, debido a que no cumplían con estándares ambientales para las operaciones mineras en la zona. Pero pocos días después del rechazo, los encargados de hacer evaluaciones ambientales fueron despedidos y quienes llegaron en su lugar los aprobaron de forma exprés.
La soledad del lugar hace que sea mucho más fácil, para los cuerpos de seguridad privada de Cerro Blanco, saber si en la zona andan personas o vehículos extraños. Cuando eso sucede, como fue en nuestro caso, comienzan a dar un lejano seguimiento con hombres armados, tras las ventanas polarizadas de los picops de doble tracción.
Al aproximarse a las instalaciones de la mina, hay bardas de alambre que permiten ver parte de las bodegas en las que almacenan mucha madera, perfectamente apilada. Unos metros más adelante, hay enormes piletas al nivel del suelo que son regadas por arcos de agua, cual aspersores que además bañan la tierra y parte de las instalaciones. A primera vista, parecen casitas pintadas de blanco, con puertas metálicas.
“La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel”, explica la OMS, en sus informes.
Un Estudio de Impacto Ambiental de “Cerro Blanco”, realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) en 2009 y citado por el informe de la PDDH, afirma que las amenazas para El Salvador y Guatemala podrían ser de carácter irreversibles, por los impactos ambientales tanto en el río Ostúa como en el lago de Güija.
“La introducción de agua caliente en el Ostúa, junto con la posible contaminación de elementos químicos geotérmicos, podría afectar al río disminuyendo el oxígeno disuelto, afectando la diversidad y la migración de especies, ya que se produciría una zona de contaminación que aislaría las aguas de la parte alta a la parte baja de la cuenca”, cita el estudio.
El estudio también advierte que cuando la mina sea abandonada, el peligro de contaminación continuará. Ya sea que el drenaje que se genere sea ácido o no, el arsénico producido de la oxidación de las rocas podría estar en solución. Esa solución podría terminar en el río Ostúa, luego en el lago de Güija y finalmente en el río Lempa.
“Cuando eso ocurra (cierre de la mina), ya no existirá una planta del tratamiento del arsénico (este proceso puede durar hasta cientos de años), por lo tanto el arsénico terminará en el río ya sea en solución o absorbido en el hidróxido de hierro suspendido o depositado en los sedimentos. De ahí sería transportado al lago de Güija”, dice el estudio.
Al final decidimos avanzar hasta la mina, pero con la precaución de salir rápido del lugar, por si los vigilantes hacen que el ambiente se vuelva tenso. El microbús retorna y con dificultad avanza sobre el pésimo estado de las veredas que intentan ser una calle. Regresa al camino y continúa su marcha para adentrarse lo más cerca posible. Lo logra. Pasamos frente al portón principal de Cerro Blanco. Observamos las cámaras de seguridad y vemos a sus vigilantes armados mientras hacen rondas.
Sin pensarlo mucho, todos nos quedamos en el microbús. En ese punto, ya se vislumbran las piletas de agua enfriándose para aparentemente retirar el arsénico del agua, y una vez fría drenarla al Ostúa.
Llegamos a la conclusión de que aquí, en medio de la casi nada, no es un lugar seguro para bajarnos y hacer preguntas a la gente de la mina. Así que decidimos regresar.
En el retorno, encontramos un puente que pasa sobre el río Ostúa. Debajo, unas lugareñas estaban lavando ropa. Así que nos bajamos y nos acercamos para entrevistarlas. En ese momento, los del picop de la minera volvieron a pasar. Un par de minutos más tarde, una patrulla de la Policía Nacional Civil de Guatemala también pasó. Uno de los guías nos dijo que en vez de sentirnos confiados por la presencia policial, deberíamos apurarnos y salir del lugar. Los policías, según el guía, tienen muy buena relación con los administradores de la mina.
Pedro Cabezas, miembro de la Alianza Centroamericana en contra de la Minería (ACAFREMIN), dijo a GatoEncerrado que la amenaza sigue latente, si los nuevos dueños de la mina ejecutan proyectos en Cerro Blanco.
"El río Lempa alimenta a dos tercios de la población del país: las aguas son utilizadas para uso doméstico, agricultura, ganadería y la pesca", dijo Cabezas y agregó que el problema todavía puede ir más allá y generar un conflicto internacional, porque la legislación guatemalteca permite la actividad minera que dejaría contaminadas las aguas de El Salvador, donde ya fue prohibida la minería.
"La teoría de los Estados dice que cada país es independiente y soberano de implementar su propia estrategia económica. El problema es que la contaminación será desde Guatemala hacia El Salvador y eso podría generar un conflicto entre ambas naciones", dijo Cabezas.
El ambientalista guatemalteco, Julio González, agregó que tanto gobiernos anteriores como el del actual del presidente del vecino país, Jimmy Morales, han otorgado cantidades importantes de licencias de exploración a empresas mineras.
"Solo GoldCorp Inc tiene 386 licencias de proyecto extractivo, de las cuales 168 son de minería metálica y el resto de minera de cante”, aseguró González, sobre datos oficiales a los que ha tenido acceso.
Una de las preocupaciones de los ambientalistas guatemaltecos, según González, es que el nuevo ministro de Finanzas del presidente electo guatemalteco, Alejandro Giammattei, se ha declarado pro minería.
Las mujeres, a donde sea que uno vaya, siempre son las que más se comprometen con el cuido al medio ambiente. Eso explica por qué en los alrededores del lago de Güija hay mujeres que monitorean el agua. El 18 de agosto de este año, llegué al lago para conocerlas y platicar con ellas.
Un grupo de mujeres, la mayoría de tercera edad, salieron ese día de sus viviendas con sus delantales, sandalias de hule y moños en sus cabellos. Tomaron un colador y decididamente caminaron unos metros adentro del lago de Güija, como lo hacen con frecuencia desde hace tres años. Con ellas iba la bióloga y representante de las Mujeres Ambientalistas de El Salvador, Sidia Cortez.
Estaban ahí para hacer un monitoreo de agua con indicadores biológicos. Es decir, para observar la calidad de agua a través de macroinvertebrados o insectos.
“Los insectos, de acuerdo a su población y especie pueden determinar qué calidad de agua tenemos. Las mujeres de aquí (de los alrededores del lago) son monitoreadoras. Son sencillas y humildes, muchas de ellas no saben leer ni escribir, pero han aprendido a monitorear las aguas del lago, a través de técnicas que nosotros como biólogos hemos reducido al vocabulario de las comunidades. Esto con el fin de que ellas, en la medida que conocen su entorno, también se vayan sensibilizando en el cuido de los bienes naturales”, me dijo Sidia Cortez, en la orilla del lago, mientras veíamos en acción a las mujeres.
Sidia me explicó que el monitoreo determina el nivel de arsénico y es la base para comparar afectaciones si la mina Cerro Blanco comienza a operar de lleno, bajo la nueva administración.
“Los datos que ahí surgen, por el hecho de ser mujeres comunitarias, no pueden tomarse como un dato científico, sino un dato para sensibilización de la misma gente. Estas mujeres han monitoreado por más de tres años este sitio, y los resultados que hemos obtenido han sido comparados con pruebas que ha hecho la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador, y han sido muy similares”, explicó Cortez.
Las muestras de agua son llevadas en frascos a la vivienda de una de las mujeres llamada Mirna Pérez, donde son analizadas en microscopio para determinar la calidad del agua.
La bióloga Cortez también dijo que en el lago de Güija hay otra amenaza: la mina de piedra que explota la cementera Holcim, radicada en Metapán.
La PDDH expresa, en el informe, que presentó un documento explicando su posición y recalcando la necesidad de iniciar una investigación sobre las consecuencias que dicho proyecto extractivo puede acarrear en los cursos de agua y consecuentemente a la población salvadoreña.
“Se resaltó la importancia de la voluntad de los Estados salvadoreño y guatemalteco para iniciar acciones conjuntas y un proceso de diálogo que se fundamente en los principios de derecho internacional, como la obligación de no causar daño apreciable, el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas y la obligación de comunicar a otros Estados los proyectos de obras o trabajos hidráulicos que tengan afectaciones trasnfronterizas", dice el informe.
Subraya también que la mina Cerro Blanco se encuentra ubicada dentro del área de especial interés comprendida en la unidad indivisible de la Región del Trifinio, de acuerdo al Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la Ejecución del Plan Trifinio, contraviniendo, además, la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas –Convención Ramsar-.”, expresa el estudio de la PDDH.
A la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador no ha informado sobre los avances en los diálogos con sus homólogos guatemaltecos. GatoEncerrado preguntó a la cancillería salvadoreña sobre estos diálogos, pero la oficina de comunicaciones nunca envió la información solicitada.
"Yo no puedo hablar como ministra de amenaza o posibilidades, nosotros hablamos de realidades y hasta ahora no hemos tenido ninguna contaminación que pueda provenir (desde la mina Cerro Blanco en Guatemala)", dijo la exministra Pohl, en octubre de 2018.
El nuevo ministro de medio ambiente, Fernando López Larreynaga, le dijo a GatoEncerrado que en estos temas no le corresponde responder, sino a relaciones exteriores. Por lo tanto, no fue posible saber si el nuevo gobierno salvadoreño ha continuado insistiendo en resolver la amenaza de la minería transfronteriza.