Aunque El Salvador posee una Ley contra la minería metálica; a nivel regional sigue existiendo esta amenaza para las aguas transfronterizas. El caso más actual y preocupante es el de la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala. Dicho proyecto es une evidente amenaza no solo para ese pueblo, si no para El Salvador.
A pocos kilómetros de la frontera de El Salvador, se encuentra el municipio Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa en Guatemala, lugar que pone de manifiesto la lucha de organizaciones ambientales como El Colectivo Madreselva de Guatemala, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en conjunto con el trabajo de la comunidad y la Iglesia católica de ese municipio, contra la actividad minera del Cerro Blanco.
Dicho proyecto es manejado por la empresa Entremares S.A subsidiaria de Goldcorp Inc., instalado desde el año 2005; hasta la fecha, los riesgos que ha ocasionado la actividad de exploración y explotación son de alerta para las aldeas ubicadas cerca de esta mina.
Uno de los impactos más grandes se observa en el Río Ostúa el cual abastece al Lago Guija compartido por Guatemala y El Salvador, y del que también depende el Río Lempa, habitantes de la aldea Trapiche Vargas en Asunción Mita, relatan, como el río Ostúa poco a poco se ha ido deteriorando, siendo inaccesible para consumo humano, perjudicando a su vez a varias especies marinas que han sido víctimas de extinción.
“Nosotros vivimos con gran preocupación, especialmente por el agua, antes en mi comunidad a tres metros podíamos encontrar agua, hoy podemos escarbar de ocho a nueve metros y no hay, las quebradas tampoco tienen la suficiente para abastecernos de ellas”, dijo habitante de la aldea Trapiche Vargas, Viviana Palma.
Agua térmica, factor dañino para la vida.
Por otra parte, la mina ha extraído peligrosa agua termal que sale de túneles y fluye a una temperatura de entre 80° y 120° grados centígrados, con un alto contenido de arsénico y metales pesados, el incremento de temperatura disminuye el oxígeno disuelto en el agua, por lo que la contaminación térmica es uno de los factores más dañinos para la vida acuática, produciendo una disminución en la diversidad de flora y fauna.
Posteriormente se enfría en pilas por aspersión para reducir su temperatura original en más o menos 7° grados centígrados.
“Esta mina lo único que ha hecho es extraer agua termal de las entrañas del Cerro Blanco precisamente para contaminar el rio Ostúa, para ellos esa agua es un estorbo, porque sale a 120 grados de temperatura, trae un alto contenido de arsénico, el cual lo tiran a las cuencas que tributan en el río y este drena al Lago de Guija, que es la cuenca alta del Rio Lempa”. Aclaró el Ecologista de Madre Selva, Julio González.
Nosotros hemos advertido en repetidas ocasiones que los principales afectados serán las comunidades que dependen de estas cuencas y ríos, en El Salvador, Agregó el Ecologista.
Lo anterior indica el debido cumplimiento del al Art. 42 de Ley de Medio Ambiente de El Salvador que dictamina:
Toda persona natural o jurídica, el Estado y sus entes descentralizados están obligados, a evitar las acciones deteriorantes del medio ambiente, a prevenir, controlar, vigilar y denunciar ante las autoridades competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, calidad de vida de la población y los ecosistemas, especialmente las actividades que provoquen contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo y el medio costero marino.
Actividad y permiso Ilegal
De acuerdo a las declaraciones del Colectivo Madreselva, los permisos y licencias mineras fueron otorgadas de forma ilegal y fraudulenta, ya que después de 18 años de no obtener el beneficio que el proyecto esperaba, pretenden vender el 100% de los derechos a otra empresa minera, llamada Bluestone Resources, para no perder la inversión valorada en una cantidad millonaria.
“La venta de derechos que ahora pretende hacer Cerro Blanco y Entremares S.A a Bluestone es única y exclusivamente con la intención de hacer un negocio rentable, para que esas empresas luego que demuestren que ya no pueden trabajar, demanden al Estado de Guatemala por cantidades millonarias”. Manifestó González.
En vista de este hecho, de acuerdos entre entes privados, el colectivo y organizaciones exigen a las autoridades la realización de un nuevo estudio de impacto que sea legal y transparente, para demostrar el objetivo que esta mina persigue de manera no viable.
Persecución e Intimidación por parte de la mina
En una gira de prensa el pasado viernes 22 de febrero, medios de comunicación alternativos hicieron un recorrido a las cercanías de la mina para visualizar mejor el caso, y ver el estado del rio Ostúa, en el trayecto fueron perseguidos por presunto cuerpo de seguridad del proyecto, quienes de alguna forma intimidaron a periodistas para salir de la zona; minutos después agentes policiales hicieron supervisión en la misma área, pero los habitantes mencionan con descontento que puede existir una complicidad con la empresa.
Más daños, menos intervención gubernamental.
“Personas de la comunidad que trabajan en la mina, son víctimas de intoxicación, también afecta mucho porque ha causado muchas enfermedades como cáncer, sordera, perdida de la vista, afecciones en la piel y en sus inicios afecto las casas de adobe, por el bombardeo que hacían a la tierra”. Agregó Palma. Ante eso el Ministerio de salud no ayuda en nada, puntualizó.
Elsa Ramírez también habitante de Trapiche Vargas señaló que su lucha contra este proyecto viene desde hace 2 años en conjunto con la Iglesia de su comunidad, enfatizó en los impactos que han vivido mayormente por la contaminación del rio Ostúa, y que se necesita mayor involucramiento de las instituciones pertinentes para brindar soluciones ante sus peticiones.
“Últimamente ya ni meterse al río se puede por lo sucio que esta, lo que pedimos es que se unan que se acerquen, que nos visiten, para que tomen cartas en el asunto y que apoyen a nuestra comunidad, porque no queremos empresas mineras en nuestro municipio”
Ante el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ven con optimismo las prontas soluciones, y el posible cumplimiento a sus derechos, pues si los estados siguen incumpliendo con la función de protección a los pueblos, el procurador tendrá la obligación de emitir una resolución de conciencia, que es una condena moral, y un llamado de alerta a que los Estados ejecuten de forma responsable sus funciones, pues al no hacerlo se acudirá a cortes internacionales.
“Con el actual Procurador de Guatemala, con el cual se establece esta comisión binacional por el cumplimiento de los derechos humanos es posible que finalmente se aterrice en una búsqueda para una solución justa del cierre de la mina Cerro Blanco”. Finalizó González.
