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La criminalización, campaña de desprestigio y hasta amenazas a muerte en contra las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Bajo Aguán, incrementaron a partir de la lucha que mantiene la población del municipio de Tocoa, contra la concesión minera otorgada por el Estado a la empresa “Inversiones Los Pinares”.

Ante el nuevo escenario político del país, asociaciones manifestaron su preocupación sobre el nuevo gobierno de El Salvador, para que este ceda ante presiones de la industria minera e instituciones financieras multinacionales.

Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados,  activistas  y  un nuevo informe sobre el problema.

La reciente elección del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha puesto en alerta al cumulo de organizaciones sociales, religiosas y ambientales que lucharon por más de una década para lograr prohibición de la minería metálica.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) presentó un estudio sobre estrategias de defensa del medio ambiente y derechos humanos frente al extractivismo minero en la región. Una de las principales demandas de las y los ambientalistas es que los gobiernos de la región tomen acuerdos sobre minería transfronteriza.

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