La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) pidió este martes a Honduras reconocer la legitimidad que tiene la labor de los defensores del medioambiente, garantizar su protección y evitar su estigmatización.
El Salvador ha actuado por casi 20 años como un espectador pasivo de la actividad minera en la cuenca alta del río Lempa. Desde el pasado 29 de marzo de 2017 El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no obstante su vecino Guatemala cuenta con una Ley que permite la exploración y explotación vigente desde hace 22 años. Son siete proyectos activos en la frontera, uno de ellos a menos de 20 kilómetros y que amenaza directamente al Lempa: la mina Cerro Blanco.
El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía eléctrica. Este río, que hace su mayor recorrido en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala. Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país.
Aunque El Salvador posee una Ley contra la minería metálica; a nivel regional sigue existiendo esta amenaza para las aguas transfronterizas. El caso más actual y preocupante es el de la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala. Dicho proyecto es une evidente amenaza no solo para ese pueblo, si no para El Salvador.
Pobladores del municipio de Guapinol, en Honduras están en resistencia en pro de la defensa del río Guapinol, quien ha sido la principal fuente de abastecimiento de agua para miles de familias. Actualmente se encuentra contaminado y ha sufrido grandes daños a causa de la explotación minera en el sector conocido como Ceibita en Tocoa. Ante esta acción, las autoridades han realizado capturas de ambientalistas y esto es lo que denuncian activistas en El Salvador.
