El gobierno de Nicaragua le sigue apostando a la destrucción ambiental causada por la industria minera, especialmente a la extracción del oro, pese a que está comprobado que esta industria no contribuye a la calidad de vida de la población y tiene sus mayores afectaciones en comunidades indígenas que son desplazados de sus territorios ancestrales.
La apuesta del gobierno divulgada a través de la Cámara Minera de Nicaragua, (CAMINIC), es incrementar las exportaciones de oro para el 2023 a 500 mil onzas, aún a costa del impacto ambiental y humano, priorizando las ganancias millonarias a las empresas mineras.
Para cumplir estas expectativas, este 2021 han iniciado operaciones en la Mina San Albino y dos planteles exclusivos para minería artesanal. Además, se espera que el próximo año comience a operar la Mina La India, la cual es conocida por la criminalizacion de la ferrea oposicion comunitaria al proyecto .
Una publicación reciente de la revista Divergentes, señala un área total de 71,000 kilómetros cuadrados destinada para concesiones mineras, lo que representa que el 60% del territorio nacional, ha sido clasificado como territorio de interés minero.
A la fecha los proyectos mineros activos se encuentran en el 11% del territorio. Este porcentaje va en aumentado desde 2017, cuando se aprobó la ley que creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), misma que dispuso 1.5 millones de hectáreas para concesiones mineras.
De principal interés es la empresa canadiense Calibre Mining que según Divegentes, concentra entre 64% y el 70% de la producción minera del país.
El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la mineria se ha extendido en el Caribe Norte, particularmente la región circundante, al área de amortiguamiento y la reserva de la biósfera Bosawas, donde el gobierno ha renovado al menos 21 concesiones, a un plazo de 25 años más para la explotación minera.
La Reserva de la Biosfera Bosawás es un territorio ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, rica en biodiversidad y poblada por comunidades indígenas mayangnas y miskitos. Esta region fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.
La extracción del oro causa ademas luto y dolor a las familias indígenas, el 23 de agosto de 2021, a 50 kilómetros de Bonanza ocurrió la masacre de doce miembros de las comunidades mayagna quienes fueron atacados por mineros artesanales que operan sin licencias eb la zona de Kiwakumbaih.
La situación se vuelve cada vez más crítica para las comunidades que son afectadas por la pérdida de sus tierras de la cuales subsisten para el cultivo, pesca, madera y caza.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), mantiene un registro de las violaciones y asesinatos sufridas por las comunidades indígenas nicaragüenses.
En el 2011 se reportaron 61 indígenas asesinados producto de los conflictos de propiedad entre las comunidades indígenas y los colonos.
Del 2011 al 2020, se registra un incremento de violencia y sometimiento contra las comunidades indígenas, que dan como resultado más de un centenar de asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, 48 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, por mencionar algunos.
Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras.
Las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas usurpadoras quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera.
La política de desarrollo extractivista del gobierno nicaragüense fomenta la violencia a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú que compromete a los gobiernos de la región latinoamericana y el caribe a garantizar derechos ambientales como el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten sus territorios, el acceso a la justicia ambiental y garantías para defensores de derechos humanos.
Este año Nicaragua, junto a Honduras y Guatemala, aparecen en la lista de los cinco países más peligrosos para defensores ambientales en el mundo, según el reporte anual de la organización Global Witness.
