El gobierno salvadoreño agudiza la política de persecución y amedrantamiento sobre diversos sectores que alzan las voces de denuncia ante la ola de abusos y corrupción existente en el país. Las últimas acciones del gobierno, después de los allanamientos a organizaciones sociales, van en contra de lideresas y líderes comunitarios del departamento de Ahuachapan que han sido detenidos y encarcelados por proteger los recursos naturales y en especial el agua.
Este dia en el Juzgado Primero de Paz se llevará a cabo la audiencia inicial de los defensores del agua que fueron arrestados en la madrugada del 25 de noviembre por efectivos policiales y fiscales quienes los acusaban de haber ingresado a una propiedad privada. Sin embargo, los agentes de la policía y la fiscalía omiten que los ambientalistas han estado denunciando la perforación de seis pozos que realiza la empresa Fénix S.A. de C.V. de Salazar Romero en la Hacienda La Labor, ya que esta acción privada daña el acuífero que abastece a cuatro cantones y 14 caseríos donde habitan más de 10 mil familias.
Los líderes comunitarios detenidos son Jorge Zúñiga, David Escalante y Rosa Cinco, quienes se han opuesto al proyecto que pretende destruir 40 manzanas de área protegida, que además es una fuente de agua subterránea, por la construcción de mil 500 casas de la empresa Salazar Romero.
La asamblea general de las Naciones Unidas reconoció explícitamente en el año 2010 “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, los gobiernos centroamericanos siguen comercializando y explotando el recurso hídrico.
Mientras los gobiernos centroamericanos utilizan la fuerza policial y militar para someter a los que mantienen una lucha por la conservación y cuido del medio ambiente y en especial del recurso hídrico, la inseguridad en los países se incrementa de manera acelerada sin que se hagan acciones efectivas para contenerla.
En Honduras una situación similar vive ocho defensores ambientalistas, quienes desde hace dos años han sido encarcelados por proteger el río Guapinol y que las autoridades se empeñan en buscar trabas y dar fallos arbitrarios para perpetuar el castigo a una acción pacífica de denuncia de la contaminación que genera la explotación minera en el afluente.
El gobierno de Guatemala ha impuesto un toque de queda y militarizado la zona de El Estor, Izabal para reprimir y contener a las comunidades indígenas y proteger la acción de extracción de la mina.
La defensa que mujeres y hombres de comunidades rurales hacen a favor del medio ambiente ha sido criminalizada por los gobernantes centroamericanos, quienes inclinan la balanza a favor de la sobre explosión de los recursos, aún y cuando estos generen contaminación de los pocos mantos acuíferos que los abastecen.
