Luego de la presión de familiares, organizaciones y la defensa legal, el Instituto Nacional Penitenciario se vio obligado a obedecer las órdenes judiciales que establecían el traslado de los siete ambientalistas del río Guapinol a la granja penal de Olanchito, Yoro, tras pasar un mes en detención ilegal en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
El traslado lo ordenó, a través de un memorándum, Rosa Gudiel, directora del Instituto Nacional Penitenciario, y los defensores fueron reubicados en la granja penal de Olanchito la noche del 30 de octubre.
Sin embargo, para el abogado penalista Efraín Ramírez no existen razones ni jurídicas ni fácticas para que los defensores del Río Guapinol estén en prisión puesto que, los actos y los delitos por los cuales fueron criminalizados permiten que las personas se puedan defender en libertad.
Además de ello, el abogado Efraín Ramírez señala que la jueza de jurisdicción nacional, Lisseth Vallecillo, no tomó en cuenta que los defensores del Río Guapinol se presentaron voluntariamente, por cuanto no se cumplen los requisitos para decretar una prisión preventiva.
“No son personas que las capturaron o no son personas que las tuvieron que andar buscando; adicional a eso, la tipificación de los delitos, cuando los relacionamos con el artículo 184 del Código Procesal Penal, perfectamente ellos pueden defenderse en libertad”, explica el abogado Ramírez.
Agrega que la norma internacional indica que todas las personas deben defenderse en libertad y la excepción debe ser la prisión preventiva.
Presos políticos
La defensa técnica de los ambientalistas del Río Guapinol ha solicitado una audiencia de revisión de medidas, para lograr que enfrenten el proceso de criminalización en libertad.
El abogado y ex juez de sentencia, Ramón Barrios, señala que el sistema de impartición de la ley tiene que considerar que la jueza Lisseth Vallecillo no motivó la resolución de la audiencia inicial, en la que decretó prisión preventiva para los defensores.
“Motivación que está obligada a darla por derecho constitucional, por lo tanto nosotros esperamos que el sistema de impartición de la ley rectifique en base a lo que está pasando”, apunta Barrios, quien señala que la empresa minera Inversiones Los Pinares no solo utiliza el sistema de justicia para perseguir penalmente a los defensores el Río Guapinol, sino que también se utilizan los medios económicos y financieros para proteger las inversiones de la minera.
Para el dirigente social e integrante de la Convergencia Contra el Continuismo, Carlos H. Reyes, la situación de los defensores del río Guapinol representa una alerta roja, porque el actual régimen envía un mensaje directo de intimidación a los defensores de los bienes comunes, quienes están ilegalmente privados de libertad, por lo cual son presos políticos.
“Son presos políticos, el caso es muy singular, porque 12 compañeros con las mismas acusaciones fueron liberados y estos siete no”, afirma Reyes, al recordar que a los defensores se les ha comparado con ser parte de organizaciones criminales, dando un mensaje de un crimen político.
La solicitud de audiencia de revisión de medidas para José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán Soriano, fue aprobada y se realizará el próximo martes 05 de noviembre a la 1:30 de la tarde en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de la avenida Los Próceres de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Original: Radio Progreso HN
