Rodeados de militares, quienes constantemente intimidan y amenazan, familiares y compañeros y compañeras de Arnold Alemán Soriano, se han apostado en la entrada del Cuartel General Cabañas, ubicado en la aldea El Ocotal del Distrito Central, para exigir verdad y justicia por el defensor del Río Guapinol.
Mantas que denuncian los daños que genera la industria minera y exigiendo justicia para el defensor del Río Guapinol, han provocado el “temor” de los miembros del ejército, hasta llegar al punto de enfilar a elementos antimotines de la Policía Militar y del Orden Público, armados con toletes, cascos y bombas de gas lacrimógeno.
“Si a la vida, no a la mina; Guapinol resiste, persiste y jamás desiste”, son los menajes que se leen frente a los militares fuertemente armados.
Arnold Alemán Soriano, defensor del agua y la vida, es acusado por la Fiscalía por el delito de usurpación y daños a la propiedad pública y privada de la empresa minera Inversiones Los Pinares.
La audiencia inicial contra el defensor del Río Guapinol está a cargo del Juez de Jurisdicción Nacional Claudio Daniel Aguilar Elvir, con antecedes de privar de libertad a los presos políticos Raúl Álvarez y Edwin Espinal en una cárcel de Máxima Seguridad.
Dicho proceso penal se lleva a cabo en el juzgado de jurisdicción nacional, ubicado en el Cuartel Militar General Cabañas, lo que representa una grave violación a los derechos humanos de Arnold Alemán, y conlleva la criminalización de la labor de defensa de los bienes comunes y naturales, denunció la Colación Contra la Impunidad y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Las autoridades judiciales y militares impidieron que la audiencia contra Arnold Alemán cuente con la observación y acompañamiento de las organizaciones procuradoras del respeto a los derechos humanos.
El abogado Omar Menjivar, defensor de Arnold Alemán, explica que el sistema democrático establece que la justicia en materia penal debe de ser pública, es decir que la gente tenga acceso a los procesos para que los pueda presenciarl e incluso juzgar la labor de los órganos jurisdiccionales, por lo tanto se enfrentan a un proceso desnaturalizado que atenta contra las posibilidades de defensa.
La Coalición Contra la Impunidad y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, en una conferencia de prensa, recordaron a las autoridades judiciales que en este caso un juez de Jurisdicción Nacional declaró la inocencia de trece defensores del agua y la vida por la misma causa, “por lo que cualquier resolución distinta a la emitida en marzo del presente año estará al margen de la verdad y la justicia, con la clara decisión de responder a los intereses de la empresa Inversiones Los Pinares, evidenciando una vez más que la justicia está militarizada y al servicio de los grupos de poder”.
