El enfrentamiento entre miembros de la comunidad de Guapinol y una empresa minera ha resultado en el encarcelamiento preventivo de varios defensores medioambientales.
La COVID-19 amenaza a toda la población a nivel global, pero pone en una situación de mayor riesgo a los más vulnerables, entre ellos, los presos de los centros penitenciarios, quienes, muchas veces, no pueden guardar distancia por la falta de espacio las cárceles, y viven en condiciones sanitarias deplorables. Esta es la situación de siete activistas medioambientales que guardan prisión preventiva desde septiembre pasado en el Centro Penal Olanchito, en el departamento de Yoro, Honduras, y de otro defensor medioambiental que se encuentra en una prisión de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.
Para las autoridades hondureñas, los ocho activistas son criminales que entorpecen el desarrollo económico del país. Según sus abogados, son ciudadanos que defienden derechos fundamentales como el derecho al agua. El conflicto entre los pobladores de la comunidad de Guapinol, en el norte del país, e Inversiones Los Pinares, una empresa de minería, es prototípico para la situación en Honduras. Desde hace años, la comunidad lucha contra la apertura de una mina de óxido de hierro; consideran que la mina pone en riesgo los recursos naturales de la zona. Según los pobladores, durante los trabajos previos en la mina se produjo ya la contaminación de ríos locales: fuentes indispensables de agua para su vida diaria y subsistencia económica.
Enfrentamiento entre manifestantes y guardias de seguridad
El conflicto estalló en 2018 durante un enfrentamiento entre una multitud de manifestantes, que bloquearon el camino a la mina, y guardianes de seguridad de la empresa. Según relata Edy Tábora, uno de los abogados de los activistas encarcelados, durante el enfrentamiento, un manifestante quedó lesionado por un disparo de un guardia de seguridad, por lo que manifestantes detuvieron al jefe de seguridad y lo entregaron a la Policía. El mismo día, un carro y dos contenedores de los guardias de seguridad fueron quemados. "La Policía recibió una denuncia de la mamá del manifestante herido y otra de la empresa", explica Tábora. "Sin embargo, decidió investigar solo la quema de los bienes de la empresa y dejó de un lado al hecho más grave, que fue el disparo".
A los activistas se les acusa de incendio agravado y privación injusta de la libertad de un empleado de la empresa de seguridad. Ellos niegan las acusaciones. Tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades competentes a finales de agosto del año pasado, fueron enviados a prisión preventiva. Desde entonces, las familias y el equipo legal de los activistas tratan de revocar la medida. "En la audiencia inicial, la jueza tenía la obligación de explicar la razón por la cual los iba a enviar a prisión preventiva, pero no lo hizo", critica el abogado Tábora. El equipo legal apeló la decisión de la jueza y solicitó una nueva audiencia para revisar la medida. En marzo, presentó una acción de habeas corpus al presidente de la Corte Suprema de Justicia con el fin de corregir la situación legal de los activistas. "Hasta la fecha, todos los recursos que presentamos no han sido resueltos", lamenta Tábora.
En una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras y otras autoridades del país centroamericano, tres diputados alemanes de los partidos Los Verdes y La Izquierda apoyan la causa de los activistas. En la carta, critican que "la prisión preventiva de los ocho defensores carece de fundamentos legales y constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las garantías al debido proceso". Además, advierten que, "ante la actual crisis sanitaria por la COVID-19, los defensores corren mayores riesgos dentro del centro penitencial y es sumamente urgente que puedan gozar de una medida sustitutiva a la prisión preventiva".
"La Policía o los militares son parte del problema"
Con la carta, los diputados alemanes dan seguimiento a una misiva dirigida a las autoridades hondureñas por el mismo caso con fecha de septiembre de 2019, en la cual exigieron a las autoridades hondureñas que garantizaran la defensa de los derechos humanos en el país. En una visita a Honduras el año pasado, algunos de los diputados se reunieron con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras. "Nos presentaron los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos", recuerda Heike Hänsel, diputado del partido La Izquierda y firmante de ambas misivas. "Sin embargo, cuando hablamos con algunos activistas, nos dimos cuenta de que no funcionan estos mecanismos, ya que muchas veces las autoridades como la Policía o los militares son parte del problema".
La situación de los defensores de derechos humanos es especialmente crítica en Honduras. Según la ONG "Global Witness", solo entre 2010 y 2017 fueron asesinados más de 120 personas que lucharon en defensa del medioambiente. Desde hace algunas semanas, a este riesgo se suma la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Edy Tábora, abogado de los activistas encarcelados, califica como muy crítica sus condiciones. "Si la situación de calamidad del sistema de salud pública para los que estamos en libertad ya es grave, no hace falta explicar la situación para los privados de libertad que dependen mucho de sus familiares que están fuera para su alimentación, medicamentos y agua", advierte Tábora. Las visitas, sin embargo, han sido suspendidas debido a la crisis sanitaria, dejando a los activistas encarcelados a merced de las autoridades penitenciarias. (few)
Original en Deutsche Welle
