Este 18 de septiembre, delegaciones de El Salvador y varios países de la región centroamericana estarán acompañando a la población de Asunción Mita, Guatemala, como observadores internacionales en una Consulta de Vecinos que determinara si la población está de acuerdo con proyectos mineros en su territorio.
Asunción Mita es la sede del proyecto minero Cerro Blanco, el cual se encuentra ubicado en la cuenca Ostua-Guija-Lempa que es compartida por Guatemala y El Salvador.
En noviembre de 2021, Elevar Resources, subsidiaria de la empresa canadiense Bluestone Resources en Guatemala, presentó la actualización de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2007 solicitando al Ministerio del Medio Ambiente de Guatemala que autorice la conversión de una mina de túnel a una mina a cielo abierto.
Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador alertaron poco después que Bluestone Resources intenta manipular las leyes ambientales de Guatemala, ya que la magnitud de los cambios propuestos son demasiado extremos para ser considerados como una simple actualización: desde procesar 1.000 toneladas de material, hasta procesar 10.952 toneladas por día, desde extraer un total de 3,31 millones de toneladas de escombros de un túnel de 73,4 km hasta extraer 200 millones de toneladas de escombros de un cráter de hasta 370mt de profundidad y un radio de 1200mt.
Por más de 15 años, organizaciones sociales y ambientales y la población organizada de Asunción Mita han mantenido una campaña de denuncias ante la forma irregular en la que se han asignado las licencias de dicho proyecto y la falta de información sobre sus impactos ambientales y sociales, en particular la posible contaminación de la cuenca Ostua-Guija-Lempa que abastece de agua a más de tres millones de personas en El Salvador a través del río Lempa.
En un reporte financiero publicado en junio de 2022, la empresa Bluestone Resources, que busca explotar 3.1 millones de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata, califica la oposición contra su proyecto minero como “una oposición liderada por ONGs externas” y argumenta que estas no representan el sentir de las comunidades locales que apoyan a la mina.
Sin embargo, las denuncias han sido expresadas públicamente por muchas organizaciones sociales y ambientales de Guatemala y El Salvador, Autoridades Gubernamentales de El Salvador, la Conferencia Episcopal de El Salvador y la Conferencia Episcopal del Departamento de Jutiapa en Guatemala. Recientemente, los alcaldes de 26 municipios Honduras, Guatemala y El Salvador publicaron una declaración en la que reafirman que el gobierno de Guatemala está obligado a consultar con Honduras y El Salvador antes de permitir la minería en el área en virtud del Tratado trinacional del Plan Trifinio.
Contrario a lo que dice la empresa, también existe una oposición generalizada al proyecto a nivel local. El pasado mes de mayo, más de 4000 ciudadanos empadronados (casi el 20% de la población local votante) firmaron una petición la cual fue presentada al Consejo Municipal para exigir la realización de una Consulta de Vecinos sobre la presencia de proyectos mineros en el municipio.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del Código Municipal de Guatemala, ciudadanos de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si están de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, el 10% de ciudadanos empadronados en el registro electoral deber firmar la petición y al menos 20% deben participar en la consulta.
Ante la petición de la población, el concejo municipal de Asunción Mita, Jutiapa, realizo la convocatoria para la consulta ciudadana a través de un reglamento publicado en el Diario de Centroamérica, el cual establece que deberá realizarse el 18 de septiembre del año 2022. El reglamento también incluye, en su artículo 21, la posibilidad de que todas aquellas personas que representan a organizaciones nacionales e internacionales que deseen observar de cerca el proceso puedan participar y dar fe de su transparencia.
Como organizaciones interesadas en el futuro de proyectos mineros que puedan afectar El medio ambiente en El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Movimiento Eco feminista de El Salvador y la Alianza Centroamericana frente a la Minería anuncian que sumaran delegaciones a las docenas de observadores internacionales que participaran en la consulta.
Felicitamos a las organizaciones de la sociedad civil Iglesia Católica y el Consejo Municipal de Asunción Mita por llevar adelante este ejercicio cívico que permite la participación ciudadana en la formulación de políticas que afectan el interés público.
Creemos que las consultas populares son mecanismos importantes por medio de los cuales se fortalece la democracia y el estado de derecho ya que garantizan que los vecinos de los municipios se expresen con relación al uso, goce o disfrute de los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio de su municipio.
San Salvador, 16 de septiembre de 2022
