Cada 22 de abril se celebra “el Dia Mundial de la Tierra” con el objetivo era crear una conciencia global sobre los problemas socio ambientales del planeta como la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos. Este es un día para reconocer a la Tierra como nuestra casa común, como la madre que nos da vida a través de una íntima interdependencia entre la naturaleza y los seres vivos que la habitamos.
En ningún país del continente americano es tan necesario reconocer esta interdependencia como en El Salvador: el estado con el territorio más pequeño, con la taza de densidad poblacional más alta, con limitadas reservas forestales, con la menor accesibilidad de agua per cápita en la región centroamericana y con mas del 90% de aguas superficiales contaminadas por la industria y la actividad humana. A esto se añade la vulnerabilidad territorial debido a la intensa actividad sísmica y a su ubicación en el corredor seco de Centroamérica, que lo convierte uno de los países más susceptibles a los embates del cambio climático.
Esta crisis ecológica que se agudiza cada día, se vuelve el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en un sistema político democrático basado en el estado de derecho, pero que vive en una crisis socio-económica crónica causada principalmente por las demandas de un sistema económico extractivo que requiere gobiernos dóciles a las demandas de las grandes corporaciones para transformar los recursos naturales en productos de consumo para el mercado global.
En ese sentido, ningún gobierno de la posguerra ha logrado generar el tipo de transformación estructural necesaria para que El Salvador pueda buscar la vía de la sustentabilidad ambiental que garantice la vida de las futuras generaciones. Sucesivos gobiernos, a partir de los acuerdos de paz de los 90s, han fallado en erradicar los problemas de corrupción, pandillas, inmigración, pobreza, y la progresiva degradación ambiental del país. Tampoco han logrado implementar un estado de derecho con instituciones públicas independientes que respondan principalmente a los intereses de la ciudadanía.
Por su parte el gobierno actual ha retornado a las prácticas antidemocráticas del pasado: instrumentalizando a las instituciones castrenses que regularmente toman acciones para restringir los derechos de la población, desmantelando la frágil institucionalidad democrática del país, atacando a la libertad de prensa y la libertad de organización e implementando medidas económicas que han resultado en un mayor endeudamiento del país y un mayor despojo de nuestros recursos naturales.
Minería transfronteriza una amenaza inminente para el país
Una de las amenazas más inmediatas a la sobrevivencia de nuestro medio ambiente es la contaminación que podría ser causada por la minería transfronteriza. A pesar que la minería metálica esta prohibida a nivel nacional desde abril del 2017, en las zonas transfronterizas de Honduras y Guatemala existen más de 50 áreas de interés minero que podrían desarrollarse y contaminar las principales fuentes de agua para los salvadoreños.
El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del rio Lempa que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources.
El pasado 21 de diciembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
En esa ocasión, las comunidades organizadas y organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de manipular las leyes ambientales de Guatemala para evitar realizar todo el debido proceso que implica, entre otras cosas, la realización de una consulta amplia en las comunidades que se verían directamente afectadas por este cambio.
La magnitud de los cambios propuestos por la empresa es extrema: desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas y polvos que son dañinos para la salud. Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, hemos expresado nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial por parde de las autoridades. En Salvador también hemos denunciado la falta de iniciativa por parte del gobierno para retomar con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
Este Dia de la Tierra reunidos en el lago de guija para protestar los impactos de la Mina Cerro Blanco, instamos a las autoridades gubernamentales de el salvador y Guatemala a reflexionar sobre la necesidad de transformar la relación que nuestras sociedades tienen con su entorno natural y la necesidad de implementar leyes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades económicas extractivas que destruyen nuestro medioambiente, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas y el derecho de las comunidades a decir no a proyectos de muerte.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
¡El agua es vida, fuera empresas mineras de nuestras fronteras!
San Salvador, 22 de abril de 2022
