Está ampliamente documentado que el monocultivo de caña con sus perjudiciales métodos de producción destruye la biodiversidad, deteriora los suelos agrícolas, agota y contamina las fuentes de agua, altera el microclima, contamina el aire y provoca enfermedades crónicas en la población.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país, pero esto conlleva altos costos ecológicos y sociales.
Una de las grandes preocupaciones son los impactos en el agua. Cultivar caña y producir azúcar requiere de un elevado suministro de agua. Este monocultivo se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación. Las comunidades circundantes a los campos de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de caña y la falta de regulación gubernamental del uso del agua.
Si bien, el pasado mes de diciembre se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, nos preocupa que esta tiene un enfoque privatizador y que lejos de enfrentar la problemática hídrica del país, los profundiza, beneficiando y protegiendo a los sectores que históricamente han abusado y contaminado el agua, como es el caso de la agroindustria azucarera.
En la actualidad, el monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica de caña, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso abusivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
Por tanto, como organizaciones que acompañamos a comunidades en condición de vulnerabilidad, que reivindicamos los derechos humanos de la población y que trabajamos por la justicia ambiental, exigimos:
- Que el Estado salvadoreño cumpla y haga cumplir efectivamente la legislación vigente para regular y evitar los abusos que comete la agroindustria del azúcar.
- Que se implementen políticas públicas dirigidas a eliminar los impactos que causa esta industria en la salud, la calidad de vida y los ecosistemas a nivel
- Que reformen los aspectos contenidos en la Ley General de Recursos Hídricos que promoverían una privatización del agua (asocios públicos privados y concesiones) y la injusticia hídrica en El
Finalmente, hacemos saber a la opinión pública que continuaremos, cada vez con mayor fuerza, con la campaña “Azúcar Amarga” denunciando los graves impactos del monocultivo de caña de azúcar y los abusos de la agroindustria azucarera, así mismo, estaremos vigilantes del rol que asuma el Estado, ante todos estos crímenes sociales y ambientales.
#AzucarAmarga
San Salvador, 31 de enero de 2022.
