DENUNCIA
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.
En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales”.
De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros”[1]. En otras palabras es la empresa que se encarga de cambiar los espejitos por 1perlitas de oro.
De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.
En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue agudizando día con día.
En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
San Salvador 16 de diciembre de 2021
