COMUNIDADES DEL BAJO LEMPA DENUNCIAN QUE LA MALA GESTIÓN DEL COVID 19 HA PROFUNDIZADO IMPACTOS EN LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR GENERADOS POR LA CONTAMINACIÓN Y EL USO INTENSIVO DEL AGUA, LOS AGROTÓXICOS HECHO POR LA INDUSTRIA AZUCARERA EN EL TERRITORIO.
Comunidades del municipio de Tecoluca en San Vicente, la Asociación Para El Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- La Alianza Centroamericana Frente a la Minería -ACAFREMIN- y la Asociación ECOS El Salvador denuncian impactos ambientales y en la salud de las personas causadas el uso agrotóxicos, la quema de caña de azúcar y la explotación indiscriminada del agua por parte de la expansión del cultivo de la caña en el territorio.
El municipio de Tecoluca se ha caracterizado por ser uno de las más pobres de El Salvador; se estima que el 50% de la población local viven en condiciones de pobreza relativa o extrema. El sustento de la mayoría de los residentes del Bajo Lempa depende de la agricultura de subsistencia, incluida la producción de granos, hortalizas en pequeña escala, pesca y ganadería. Pero estas formas de sobrevivencia se encuentran amenazadas no solo por la expansión agresiva de la industria cañera, sino también por la vulnerabilidad ambiental causada por la susceptibilidad de la región a los impactos del cambio climático y el calentamiento global.
Las comunidades de Bajo Lempa en Tecoluca sufren de las más altas tasas de prevalencia de casos de enfermedad renal crónica (ERC) e insuficiencia renal crónica (IRC) en el país, equivalente a 61.9 personas por cada 100 mil habitantes[1], de acuerdo a miembros de la comunidades existe hasta un miembro por familia con este padecimiento. Prevalencia que de acuerdo al informe NefroLempa elaborado por el MINSAL está fuertemente ligada al uso de agrotóxicos y las malas prácticas en producción del monocultivo de caña, sin embargo, ningún Gobierno ha priorizado soluciones para esta enfermedad.
Esta situación se ha visto agravada por las medidas de cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en el contexto de la pandemia COVID-19, pues han generado más vulnerabilidad económica las familias (no han podido generar ingresos), hambre, criminalización y un agravamiento de la crisis sanitaria de las familias afectadas por la ERC y la IRC que ahora no pueden recibir atención sanitaria para su padecimiento, por lo que deben resolver mediante privados.
A esta situación se suma a la precariedad económica y social causada por las inundaciones de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en la zona, que causaron el desplazamiento de decenas de familias, perdida de viviendas, perdida de animales domésticos, y la perdida de cultivos de subsistencia como el maíz, frijol y hortalizas.
A pesar de las demandas de las comunidades, las autoridades competentes, como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alcaldía Municipal y el mismo Gobierno Central, no toman acciones claras para mejorar la calidad de vida de población; al contrario, responden a los grandes intereses económicos en detrimento de las poblaciones afectadas.
Particularmente en el municipio de Tecoluca, la industria cañera es responsable por el uso ilegal de tierras, la deforestación de bosques en áreas protegidas por convenios internaciones, la extracción ilegal de agua, la destrucción de la biodiversidad y la muerte de miles de personas por insuficiencia renal. El 70% del territorio del municipio está dedicado al monocultivo de caña de azúcar, sin la implementación de ningún marco regulatorio para la protección de la población y el medio ambiente.
En este sentido es necesario y urgente retomar la agenda ambiental y demandar políticas que garanticen los derechos de la población y la protección del medio ambiente: el acceso a la justicia ambiental, acceso a información sobre proyectos que afecten nuestras comunidades, el derecho a la participación en la toma de decisiones y el derecho a defender nuestros bienes comunes.
Como comunidades y organizaciones sociales consideramos que la firma, ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú en el salvador podría ser un primer paso para fortalecer la institucionalidad, además de otras medidas de carácter socio/económico necesarias para romper el ciclo de dependencia de monocultivos y promover las remediación, recuperación y sustentabilidad de nuestros bienes comunes.
Ante esta realidad las comunidades y organizaciones antes mencionadas hacemos las siguientes demandas:
- Al Gobierno Central y las municipalidades reactiva el protocolo de atención a las personas que sufren ERC e IRC de manera de evitar que siga empeorando su situación de salud y la economía de las familias.
- A los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Agricultura y Ganadería a establecer regulaciones al uso del suelo y el agua para el cultivo de caña de azúcar de manera de controlar la expansión desordenada del mismo.
- Al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a que suscriban y ratifiquen de manera urgente el Acuerdo de Escazú de manera que se facilite la participación, acceso a información pública y a la justicia ambiental.
- A la alcaldía municipal de Tecoluca la implementación efectiva de la “Ordenanza Municipal para Protección del Medio Ambiente con Énfasis en La Regulación de Cultivos de Caña de Azúcar, En El Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente” la cual regula las practicas dañinas del monocultivo de caña de azúcar.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
San Salvador 20 de agosto de 2020
