En el primer posicionamiento post COVID 19, publicado en abril de este año por las organizaciones miembros de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, expresamos nuestra preocupación ante los efectos a corto y mediano plazo que la crisis sanitaria, provocada por la pandemia del virus Covid 19, podrían ocasionar en la región y la necesidad de que los gobiernos de turno implementaran medidas adecuadas y pertinentes para mitigar sus impactos en la población más vulnerable.
POSICIONAMIENTO ACAFREMIN
La realidad de los últimos meses ha demostrado que nuestras preocupaciones eran acertadas ya que la pandemia ha evidenciado la falta de transparencia, la incapacidad en el manejo de la crisis y la negligencia al implementar políticas sanitarias enfocadas a la prevención del riesgo, sin considerar las vulnerabilidades ya existentes en la población. Estas son las causas verdaderas de las enormes pérdidas de vidas humanas.
Las medidas de confinamiento sin protección de derechos, sumando Estados de Calamidad, Toques de Queda para el control de la población, fueron en teoría orientadas a prevenir la propagación del virus, pero en la práctica, los gobiernos aprovecharon estas medidas para gestionar préstamos y aumentar el deuda pública, para presentar iniciativas de reformas de leyes regresivas en el plano laboral y para favorecer a los sectores empresariales con apoyo financiero y privilegios fiscales, tejiendo las perspectivas a la apertura económica de la “nueva normalidad”.
Desde la sociedad civil hemos presenciado el espectáculo de la renuncia o destitución de funcionarios de salud, improvisación de modalidades de confinamiento a la población sin asegurar los servicios básicos para la sobrevivencia en condiciones de dignidad, la priorización de salvar las industrias y la economía por encima de la salud de los pueblos, el colapso de los sistemas de salud pública y previsión social y la falta de protección del personal de salud en la primera línea de defensa.
En síntesis, la respuesta a la crisis sanitaria se basó en la suspensión de derechos y garantías constitucionales, la exclusión y marginación de la participación de la sociedad civil, la expansión de la corrupción institucionalizada, el incremento desmedido de la deuda pública y el retorno de la intervención militar en la gestión pública y la política.
Bajo la nueva normalidad, reaparece el espectro de las viejas dictaduras en la Región CA4 y las brutales violaciones a los derechos humanos a que nuestras poblaciones fueron sometidas en las décadas de los 60s a los 80s. En este contexto, es necesario recordar que durante las épocas de dictadura fue la lucha organizada de la población que demandaba la democratización de la región, la que logro impactos positivos que se visibilizaron a partir de la década de los 90s: se desmontaron las dictaduras militares, se firmaron acuerdos de paz que abrieron los sistemas electorales al pluralismo político, y se fortaleció el estado de derecho a través de la creación de instituciones democráticas que garantizaban los derechos humanos a partir de lo sustantivo.
Sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos de paz paralizó los avances democráticos que no llegaron a transformar las desigualdades socio económicas que siguen siendo la base de los conflictos en la región. Al contrario, los poderes económicos de la región desplegaron una agenda paralela que instaló un modelo económico neoliberal extractivo, implementado en diferentes etapas de ajuste económico estructural: la primera etapa se caracterizó por la privatizaciones de industrias y servicios estatales; la segunda por la apertura a la inversión extranjera a la industria maquilera, comunicaciones, la banca y otras; y la más reciente, por la concesión de largas extensiones de territorio para la extracción de materias primas, la generación de energía y la creación de monocultivos para el mercado global.
Dentro de esta nueva normalidad, se consolida la tercera etapa de avance neoliberal con el predominio de industrias extractivas que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses, fabricados para el despojo tanto en su contenido como en su aplicación. Este andamiaje jurídico pro-extractivista se construye desde una lógica que prioriza la explotación, legaliza el despojo de los bienes comunes y genera nuevas formas de dominación socioeconómica para pequeños grupos de poder que capturan los estados y comprometen a los gobiernos a justificar a las industrias extractivas como sectores esenciales en tiempos de pandemia, permitiendo además la expansión de sus operaciones a pesar de los riesgos, conflictos y pobreza que generan en la población.
Asi tenemos que en:
Guatemala
El gobierno de Alejandro Giammattei ha aprovechado la emergencia del coronavirus para retomar la ruta del pacto de corruptos, en alianza con 97 diputados del Poder legislativo y la actual Corte Suprema de Justicia, herencia de la elección de magistrados decidida por la Ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el político Manuel Baldizon, ambos recluidos en penales guatemaltecos y norteamericanos por delitos económicos. Esta alianza ha apoyado al presidente en las medidas de restricción de los derechos constitucionales a partir de la implementación del Estado de Calamidad, Toque de Queda, y Estados de Sitio en plena pandemia, limitando el derecho a la libre locomoción, el acceso a la información, la libre expresión y la participación social y política.
En tanto que dentro del paquete de actividades esenciales deja libre tránsito a las Empresas Mineras, agroexportadores y comerciantes. Para ellos nunca existió cuarentena, pero para los pueblos indígenas y campesinos no hubo tregua en cuanto a los desalojos y ataques a líderes comunitarios defensores de Derechos, resultando en un saldo trágico de muertos, heridos y capturados por defender su territorio y bienes naturales, un ejemplo es el caso de Bernardo Caal, líder indígena Q’eqchi’ defensor de derechos, declarado recientemente como preso de Conciencia por Amnistía Internacional, condenado injustamente a 7 años y 4 meses, guarda prisión desde noviembre del 2018 por defender el Río Cahabón en contra de 2 proyectos hidroeléctricos OXEC I y OXEC II, la audiencia de apelación por esta sentencia, ha sido pospuesta por la 5ta vez lo que significa un retardo malicioso del proceso.
El 19 julio 2020, el presidente Giammattei declaro un estado de sitio en los municipios de El Estor, Livingston y Morales, de Izabal y, Santa Catalina La Tinta y Panzós, de Alta Verapaz, zona donde opera empresa Minera Fénix que reiteradamente ignora la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, que ordena suspender las operaciones mineras por no haber realizado la consulta al pueblo Q’eqchi’ del municipio y por estar explotando un área que nunca fue autorizada legalmente. Así también la empresa Bluestone Resources, adquirió los derechos mineros de este proyecto fracasado y avanza en su intento por revivir la mina “Cerro Blanco” en Asunción Mita, Jutiapa, a pesar de la oposición de comunidades y ambientalistas en Guatemala y El Salvador,
El pacto de Corruptos, ha recrudecido los ataques por todos los medios a las únicas dos instituciones garantes del Estado de derecho, los 5 magistrados titulares de la Honorable Corte de Constitucionalidad y al Procurador de Derechos Humanos, Lic. Jordán Rodas Andrade, que se han opuesto a leyes regresivas y disposiciones presidenciales que van en contra de los derechos humanos y han actuado legalmente en contra del desmantelamiento de las instituciones operativas que garantizan el cumplimiento de la ley marco de los acuerdos de paz.
Nicaragua
Los casos de asedio, represión y violencia contra los defensores de la tierra que se oponen al desarrollo de proyectos mineros en los territorios aumentaron y el régimen de Ortega Murillo, ha aprovechado el contexto de crisis sociopolítica y de pandemia para flexibilizar y otorgar permisos a las empresas mineras para instalarse en diversos municipios en el país, poniendo en práctica la falta de institucionalidad que caracteriza al gobierno actual. En este nuevo contexto de crisis se han asignado nuevos proyectos mineros en zonas que se habían declarado territorios libres de minería, o bien se había detenido el avance de los proyectos por la oposición de la población. Mas visibles son el avance agresivo de proyectos mineros por parte de Calibre Mining en Santo Domingo, Chontales, con la violencia hacia los DDHH de la población altamente vulnerable, Condor Gold en la comunidad de Santa Cruz de la India con el hostigamiento por la expropiación de tierras y asedio hacia el liderazgo organizado.
Esta situación ha beneficiado la proliferación de la pequeña minería en territorios donde la presencia de grupos armados a fines del gobierno, facilitan su instalación y el procesamiento de la extracción, interrumpiendo el entorno natural y social de las zonas.
Mientras tanto, los líderes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente la Minería Industrial- MONAFMI, se encuentran una situación de doble riesgo: la criminalización continua, y la falta de medidas sanitarias por parte de un gobierno que no se apega a las recomendaciones internacionales de prevención del COVID-19. Esto ponen en riesgo la salud y la vida de los nicaragüenses, particularmente porque toda acción promovida en el marco de la prevención está sujeta a mayor criminalización.
Honduras
El gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernandez aumenta la concesión de ríos y tierra para la construcción de hidroeléctricas, la industria minería y a expansión de la palma africana. Según datos del Equipo de Reflexión, Información y Comunicación, ERIC, honduras cuenta con cerca de 125 ríos concesionados para la instalación de represas; más de 300 mil hectáreas de monocultivos de palma africana; aproximadamente 700 proyectos mineros que tienen permisos de exploración y explotación. Bajo la emergencia se flexibilizaron aún más los trámites para la obtención de licencias ambientales, sin presentar las respectivas EIAS y se autorizaron las exportaciones de minerales sin controles fiscales, declarando la minería como actividad esencial y con licencia para continuar sus operaciones en medio del confinamiento, a fin de eludir la oposición y el rechazo ciudadano. Esto se suma, a la arbitrariedad inconstitucional del ministro de Recursos Naturales quien en 2018 decretó la información pública relacionada con proyectos mineros y demás proyectos de explotación de recursos naturales como información clasificada, mediante el acuerdo 1403-2018.
Mientras tanto el Estado hondureño amenaza la acción de los defensores que se oponen a los proyectos extractivos en los en los territorios con un nuevo código penal que criminaliza la protesta. Desde julio 2019, 8 ambientalistas guardan prisión por oponerse a la empresa minera Inversiones los Pinares, la cual amenaza la destrucción de los ríos San Pedro y Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. El 13 de julio reciente, el líder juvenil del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSvida), Marvin Damián Castro Molina, fue asesinado. Sólo cinco días después, cinco jóvenes fueron secuestrados de sus casas en la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz por hombres vestidos con uniformes de la policía - varios de estos jóvenes habían estado liderando el movimiento para proteger los territorios Garifuna. Hasta la fecha, el estado no ha dado señales de investigación para ninguno de estos crímenes.
El Salvador
El primer año de gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por un gobierno antagónico con otros poderes del estado, la centralización de toma de decisiones en la presidencia, el despido masivo de miles de funcionarios públicos, el desmantelamiento de la red de salud y bienestar social, y la militarización a la sociedad. En el tema ambiental, el gobierno ha priorizado la flexibilidad de los permisos ambientales a proyectos empresariales. El Ministerio del Medio Ambiente, MARN se ha convertido en una agencia tramitadora de permisos, en vez de ser un ente regulador de procesos de obtención de licencias y evaluación de estudios de impacto ambiental mientras que la cantidad de conflictos ambientales en el país continúan en alza, sobre todo en territorios donde existen proyectos extractivistas del monocultivo de caña de azúcar, construcción de represas y construcciones turísticas en la zona costera y concesiones de explotación de agua. Los conflictos ambientales que se perfilan son la construcción del complejo residencial valle del ángel, las represas Sensunapan y el Chaparral, la contaminación transfronteriza del proyecto minero Cerro Blanco, y el complejo habitacional Valle del Ángel.
La implementación generalizada de estas políticas extractivistas, tienen como base político-ideológica la denominada “doctrina del shock”, la cual busca aprovechar el letargo causado por el trauma colectivo en la población que son víctimas de fenómenos naturales extremos, pandemias, o intervenciones militares en oportunidades para promover reformas económicas y sociales de carácter radical que benefician al sector empresarial y al mismo tiempo disminuyen el papel balanceador del estado.
En esta nueva normalidad donde se desintegra la frágil institucionalidad democrática y se fortalece el sector corporativo, vemos el resurgimiento de instituciones militares reforzando la alianza político/empresarial de la región, en disposición de reprimir la protesta social, que en contexto de la crisis sanitaria se vuelve más crítica.
Esta tendencia a la centralización de poder político militar y el uso de la violencia para socavar la protesta nos transporta a un pasado que todavía nos duele, un pasado al que no queremos regresar. El reporte más reciente de la organización Global Witness, por ejemplo, que documenta los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial, reporta que en el 2019, 31 defensores ambientales fueron asesinados en tres países de la región (Honduras, Guatemala y Nicaragua). Esto vuelve a la región una de las más peligrosos para defensores ambientales en el mundo. A ese número de asesinatos se suman centenares de disputas y agresiones de menor nivel (pero en muchos casos más trágicas) que se despliegan día a día en los territorios sin documentarse por la falta de capacidad en las comunidades, por falta de recursos para las organizaciones que proveen apoyo y por la negligencia sistemática por parte de las instituciones estatales.
Ante esta nueva realidad, las organizaciones que formamos la Alianza Centro Americana Frente a la Minería hacemos un llamado:
- A la comunidad internacional, para actuar con urgencia y activar mecanismos de asistencia humanitaria, que permitan brindar a la brevedad la debida atención a las familias de la región CA, en mayor condición de vulnerabilidad, particularmente, a las que han sido afectados por la ola de violencia que se vive en los países de Guatemala, Salvador, Honduras Y Nicaragua, que se enfrentan al desarrollo de proyectos mineros.
- A la denuncia del protagonismo político que las estructuras militares de la región están tomando y los excesos de violencia contra la población en general y contra defensores y defensoras derechos que siguen siendo criminalizados por defender los bienes comunes.
- A los Estados y gobiernos centroamericanos para que terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y que respete el derecho a defender la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.
- A la liberación de todos defensores ambientales, particularmente Bernardo Caal en Guatemala, los defensores del rio Guapinol y los 5 jóvenes garífunas secuestrados en honduras. Igualmente demandamos la investigación inmediata de crímenes contra defensores ambientales.
- Al secretario General de Naciones Unidas, y a la comunidad internacional, cuerpos diplomático acreditados en la region exigimos la observación y vigilancia del cumplimiento de los compromisos de los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en materia de Derechos Humanos y de los convenios y declaraciones firmados y ratificados por estos en protección de la población en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".
- Instamos a los gobiernos de la región a firma y ratificar el Acuerdo de Escazu para fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y protecciones defensores del medio ambiente.
Reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.
