La pandemia COVID 19 ha desatado una crisis sanitaria en el marco de una crisis económica, social y ecológica global, que amenaza la vida de la población mundial y la estabilidad de las estructuras democráticas de las naciones.
POSICIONAMIENTO ACAFREMIN ANTE:
"Pandemia COVID-19: una oportunidad para reflexionar sobre la sostenibilidad social, cultural y ecológica de nuestra región"
Ante esta amenaza, los gobiernos de la región CA4 han implementado una serie de medidas orientadas a controlar la propagación del virus. Sin embargo, estas medidas se implementan bajo un contexto regional de agresión constante contra defensores y defensoras del agua y el territorio que protestan el deterioro gradual del Estado de derecho, impuesto por una agenda económica neoliberal orientada al fortalecimiento de las elites empresariales, y las nuevas oligarquías neoextractivistas, mediante la privatización de servicios públicos, y la concesión y explotación de bienes naturales.
El confinamiento causado por la cuarentena y el distanciamiento social ha permitido que las poblaciones acepten dócilmente leyes regresivas y prestamos millonarios para afrontar la emergencia sanitaria. Pero estas medidas están diseñadas para preservar el modelo económico extractivista y la continua subordinación de los estados a políticas económicas dictadas por Tratados de Libre Comercio y fomentan el retorno gradual al autoritarismo militar de décadas pasadas.
Un impacto inmediato de las medidas de prevención se manifiesta en la flexibilización de garantías constitucionales que ha acelerado el desmoronamiento de las instituciones democráticas, y el incremento a los patrones de criminalización y violación de los derechos humanos ya existente en la región.
En El Salvador, por ejemplo, el primer año de gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por un gobierno antagónico con otros poderes del estado, la centralización de toma de decisiones en la presidencia, el despido masivo de miles de funcionarios públicos, el desmantelamiento de la red de salud y bienestar social, y la militarización a la sociedad.
Nicaragua sufre desde el 2018 un conflicto social generalizado que tuvo como detonante la mala gestión ambiental que se evidencio en la falta de atención al incendio forestal en la Reserva Indio Maíz y subsecuentes reformas al sistema de pensiones. Esto reveló décadas de descontento social acumulado debido a la corrupción, el embargo y concesión de bienes naturales y la acumulación de poder por parte de la familia y los allegados del presidente Daniel Ortega.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, quien fue electo de manera fraudulenta en 2018, ha sido directamente vinculado al narcotráfico, mientras que los movimientos sociales se encuentran desde el 2009 en un estado de movilización permanente para detener la gradual privatización de bienes comunes, y más recientemente, intentos de privatización de los sistemas de salud y educación.
En Guatemala el Gobierno de Alejandro Giammattei que asumió el 14 de enero 2020, representa la continuidad del pacto de corruptos del anterior gobierno, inicio su mandato con la imposición de estados de excepción, apoyo y avalo la aprobación de las reformas a la ley de ONG’s, que pretendía controlar y cancelar el registro de aquellas organizaciones que a juicio del presidente obstaculicen y alteren el orden público.
En este contexto de desintegración estructural de nuestras democracias, los gobiernos de la región CA4 se enfrentan a la crisis sanitaria tomando diferentes medidas de prevención que, si bien acatan las recomendaciones de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud-OMS, a excepción de Nicaragua que ha puesto en práctica todo lo contrario a las recomendaciones, también evidencian su incapacidad para responder a un escenario de crisis en sociedades históricamente sujetas a condiciones de pobreza, altos niveles de desigualdad, inseguridad alimentaria y alta vulnerabilidad ambiental.
La actual implementación de las políticas y planes de contingencia a resultado en escenarios de conflictividad a corto plazo; y en la mayoría de los casos, estas medidas de prevención y confinamiento endurecidas con toques de queda y regulaciones de movilidad, han limitado el ingreso económico familiar y el acceso a servicios básicos a grandes mayorías de población vulnerable del campo y la ciudad, multiplicando de manera exponencial las afectaciones como:
- La falta de agua para uso cotidiano y agrícola, debido al cambio climático y desequilibrio del ciclo hidrológico de la región, se empeora por el abuso y la apropiación del agua por las industrias extractivas. Esta situación de escasez pone en riesgo los objetivos de la apuesta por la prevención y mitigación por la vía del confinamiento, ya que la falta de agua en cantidad y calidad multiplicara los focos de contaminación.
- La precariedad de los sistemas sanitarios, que con reducido presupuesto y personal, falta de medicamentos y falta de equipo médico, no cuentan con la logística y condiciones necesarias para atender la cantidad exponencial de contagios, como quedó demostrado en países del primer mundo que se vieron desbordados ante la virulencia y letalidad del Covid 19.
- Medidas de mitigación, como cuarentenas forzosas y toques de queda para limitar la movilidad y los contagios, no han sido acompañadas de políticas efectivas de asistencia y han afectado gravemente la economía familiar, particularmente las grandes mayorías que dependen del trabajo informal para la subsistencia diaria. El hambre no puede esperar y sin atención las medidas no se sostienen en el tiempo.
- El cierre de centros de trabajo garantizando mediante préstamos para el salvataje de la economía formal, no han sido acompañadas de medidas adecuadas para la protección y garantía de derechos laborales para compensar a los/as trabajadores/as por su tiempo de cesantía.
- Medidas asistencialistas, como la distribución de alimentos y bonos económicos paliativos, excluyen a las grandes mayorías urbanas y campesinas que viven de la economía informal y benefician solo a aquellos que se encuentran activos en sistemas formales de transacción; además han evidenciado la corrupción y manipulación política de la asistencia.
- La implementación generalizada de Estados de Excepción y/o Estados de Calamidad, ha tenido impactos visibles en suspensión de garantías a los ciudadanos, afectando la libertad de expresión, libertad de movimiento, acceso a la información y ha aumentado la ya existente crisis de violación de derechos humanos por parte de los cuerpos represivos de las regiones.
Como alianza hemos advertido que la región se encuentra en un estado de vulnerabilidad social y ambiental debido a la destrucción provocada por las industrias extractiva aunada a los impactos provocados por el cambio climático.
En esta coyuntura, no solo nos preocupan los efectos que esta pandemia podría tener a corto plazo, sino también los impactos acumulativos a mediano y largo plazo: la pérdida de vidas humanas, el posible colapso de los sistemas de salud y previsión social, el colapso de la economía y medios de vida de las grandes mayorías y la agudización de la crisis social que podría generar el colapso de la democracia.
Igualmente nos preocupa que los procesos de recuperación económica podrían generar mayor desigualdad a través del financiamiento a las actividades extractivas. Los gobiernos de la región están recurriendo al incremento de la deuda pública como medida económica para solventar la crisis, sin considerar que los acreedores frecuentemente requieren como garantía el acceso a nuestros recursos naturales y estratégicos para asegurar la deuda.
Consideramos que este es un buen momento para reflexionar hasta qué punto debemos permitir que nuestros gobernantes sigan hipotecando nuestros países, arriesgando la viabilidad social, cultural y ecológica de nuestra región, por otro lado debemos valorar la urgencia de construir modelos libremente decididos y sostenibles de desarrollo que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países y que garanticen el derecho humano a la tierra, al agua y al aire limpio; y nuestro derecho de defender el patrimonio natural para que las futuras generaciones puedan disfrutar y coexistir de manera armoniosa con la naturaleza.
Ante la actual emergencia instamos a los gobiernos, las organizaciones progresistas y ciudadanos de la región a adoptar medidas coherentes, justas y sostenibles para abordar esta emergencia que se agudizará en la medida que no se descubran medicamentos para su tratamiento efectivo o la vacuna para prevenirla. Por lo tanto instamos:
- Atender la emergencia con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, y ajustados a la realidad de cada país. Para ello es necesario que los gobiernos establezcan coordinación no solo con mecanismos regionales e internacionales, sino también con diferentes sectores a nivel nacional, incluyendo el aporte, conocimiento y experiencia de las organizaciones sociales de cada país que acompañan y trabajan de cerca con las comunidades y poblaciones más afectadas.
- Dar a conocer datos estadísticos reales de las personas infectadas, fallecidas y recuperadas del COVID-19, para que la población esté bien informada de lo que está pasando en cada país. Pedimos no manipular la información para evitar al máximo daños psicológicos causados por la ansiedad y el miedo que contribuyen a la depresión y deficiencias en el sistema inmunológico.
- Priorizar el financiamiento y abastecimiento de recursos médicos de los sistemas de salud públicos, equipando y ampliando los hospitales públicos con equipos de buena calidad y medicamentos apropiados para el control del COVID-19. Los gobiernos también deben considerar la intervención o nacionalización de hospitales privados para garantizar el acceso equitativo la salud.
- Que los gobiernos y las instituciones encargadas de implementar medidas de emergencia establezcan protocolos de fiscalización y transparencia en el manejo de recursos, garantizando el derecho a la denuncia ciudadana, el acceso a la información y la libertad de prensa.
- Garantizar el acceso al agua en términos de cantidad y calidad, priorizando el abastecimiento a las comunidades más vulnerables de nuestros países. Este es el momento oportuno para generar iniciativas de leyes de agua que tengan como principio rector el derecho humano al agua, que de acuerdo a una evaluación estratégica ambiental ordene y planifique el territorio con un enfoque de protección de cuencas y que bajo la rectoría de instituciones públicas participativas, gestione y administre los bienes hídricos priorizando el uso doméstico, agrícola y pecuario y la regulación del uso comercial, anteponiendo así el interés general sobre el particular.
- Que el gobierno de Nicaragua actué de forma inmediata procediendo al cierre de fronteras e implemente los mecanismos de protección recomendados por la –OMS- y demás instituciones multilaterales para prevenir la propagación del virus y los impactos a la población. Además demandamos que el gobierno de El Salvador se sume a los esfuerzos de coordinación a través del Sistema de Integración Centroamericana SICA.
- Denunciamos el protagonismo político que las estructuras militares de la región están tomando y los excesos de violencia contra la población en general y contra defensores y defensoras derechos que siguen siendo criminalizados por defender el agua, los territorios y la vida.
CON UNION Y SOLIDARIDAD SUPERAMOS LA VULNERABILIDAD
