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Tegucigalpa, 26 de febrero de 2020 -  Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa - Honduras,  encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II  propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.

El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb - Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef - Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya - Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares. 

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.  

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño: 

1. Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
2. Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
3. Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
4. Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
5. La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
6. La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
7. La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.