Según el último informe de Front Line Defenders publicado a principios de enero de 2018, 312 defensores de los derechos humanos y ambientales (DDHA) fueron asesinados en 2017, en 27 países.
Más de dos tercios de ellos defendían los derechos territoriales, medioambientales y autóctonos, casi siempre en el contexto de megaproyectos, de industrias extractivas y de grandes empresas. El 80% de los asesinatos han tenido lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.
Las luchas comienzan casi siempre en el contexto de megaproyectos de la industria extractiva, de la agricultura industrial o turísticos (falso ecoturismo, muy a menudo) y de otros proyectos de grandes empresas. Para los militantes se trata de defender tierras y los derechos que tienen sobre ellas los pueblos autóctonos. En el mejor de los casos, los Gobiernos y las fuerzas de seguridad se limitan a no reaccionar ante las amenazas y ataques sufridos por los defensores de los derechos humanos. En las peores situaciones para los defensores de los derechos, las fuerzas de seguridad del Estado son las responsables de las masacres.
El 80% de los asesinatos han tenido lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas
La mayor parte de los inversores internacionales y sus empresas matrices, cuya financiación y apoyo han permitido lanzar estos proyectos, no tienen en cuenta los derechos de las comunidades locales y omiten consultarlas durante la fase de planificación de los proyectos, incluso cuando legalmente deberían hacerlo, lo que aumenta el riesgo de enfrentamiento directo.
IMPUNIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS
Front Line Defenders [1] calcula que más de 3.500 defensores han sido asesinados desde la declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, firmada en 1998, que señala su protección como una prioridad.
Menos del 12% de los asesinatos han dado lugar a detenciones de sospechosos. La impunidad por los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos y del medioambiente les refuerza, ha declarado Front Line Defenders, así como la falta de protección crónica para quienes están reconocidos como amenazados.
Entre los casos en los que se han recogido datos sobre las amenazas, un 84% de los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza de muerte específica antes de su asesinato. La falta de reacción de los Gobiernos y de la comunidad internacional no permite esperar que esto cambie a corto plazo.
Menos del 12% de los asesinatos han dado lugar a detenciones de sospechosos. La impunidad les refuerza, acusa Front Line Defenders
Los defensores de los derechos humanos y del medioambiente ponen su vida en peligro desafiando a los dictadores, las multinacionales destructoras, los conservadores religiosos y los regímenes opresores, que desarrollan en su contra una estrategia de difamación, de criminalización y de violencia orquestada y coordinada, para intimidar, marginar y amordazar a estos militantes pacíficos.
ALGUNAS BUENAS NOTICIAS, A PESAR DE TODO
Una nueva era parece haberse abierto en Gambia después de las elecciones, a finales de 2016, que llevaron a Adama Barrow al poder. Los defensores de los derechos humanos y del medioambiente del país señalan que el nuevo presidente ha ampliado considerablemente el espacio para la libertad de expresión, después de los 23 años del régimen autoritario de Yahya Jammeh.
Otro signo esperanzador: en enero, un tribunal de apelaciones canadiense autorizó a un grupo de siete defensores de los derechos humanos y del medioambiente guatemaltecos a llevar ante la Justicia a Tahoe Ressources, una empresa minera canadiense que reprimió violentamente su manifestación pacífica contra la mina de plata Escobal. Este precedente podría forzar a las empresas mineras canadienses a mejorar sus normas en materia de derechos humanos, en particular en cuanto al respeto a quienes protestan contra el impacto destructor de las explotaciones mineras.
En enero, un tribunal canadiense autorizó a un grupo de siete defensores guatemaltecos a llevar ante la Justicia a la minera canadiense Tahoe Ressources
En mayo, el Tribunal Supremo taiwanés estableció que las parejas del mismo sexo tenían derecho a casarse en virtud de la Constitución de Taiwan, lo que le convierte en el primer país asiático en autorizar el matrimonio gay. Las organizaciones pro derechos humanos taiwanesas han tenido un papel crucial en esta decisión.
Uzbekistán, uno de los países más represivos de Asia, anunció la liberación anticipada de varios defensores de los derechos humanos y del medioambiente que llevaban muchos años en prisión. Azam Farmonov, Ganihon Mamathanov y Salizhon Abdurakhmanov fueron liberados de prisión mientras que el periodista Jamshid Karimov pudo salir de un psiquiátrico penitenciario.
Otro paso positivo: después de numerosos años de aislamiento internacional, el gobierno de Uzbekistán invitó al alto comisario de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que visitó el país en mayo. También se enviaron invitaciones a representantes de ONG internacionales. Pero, a pesar de estos avances prometedores, se produjeron nuevas detenciones de periodistas a finales de 2017.
UN ASESINATO MÁS EN PERÚ
The Guardian informa que la noche del 30 de diciembre de 2017 José Napoleón Tarrillo Astonitas, de 50 años, fue atacado, en su casa, por cuatro hombres. Su mujer, Flor Vallejos, ha declarado a la policía que fue atado de pies y manos, golpeado con un palo y estrangulado con un cable eléctrico, mientras ella era cubierta con una manta, obligada a escuchar los gritos de su marido.
Los asaltantes le dijeron que habían sido pagados para matarle, declaró Vallejos a una emisora de radio nacional. Un jefe de la policía local aseguró que se ha abierto una investigación por asesinato y que se perseguía a los asesinos.
Napo, su sobrenombre, se oponía a los traficantes que habían tomado posesión de algunas partes de la reserva biológica de Chaparrí, desbrozando el terreno y sembrándolo. La reserva es rica en fauna única, destacando los osos de anteojos, como el oso Paddington.
Vallejos ha declarado que su marido había recibido amenazas de muerte de miembros de su propia comunidad por su oposición a la deforestación y a las destrucciones en la reserva privada.
“Incluso lo amenazaron dos días antes de que lo asesinaran”, dice también Juan Carrasco, miembro de la comunidad agrícola de Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en la región de Lambayeque, al norte de Perú, “pero era un hombre valiente que no perdía su sangre fría. ¡Decía que debíamos organizar nuestra propia patrulla para expulsar a los invasores porque la autoridades no harían nada!”.
[1] Front Line Defenders se fundó en Dublín en 2001 con el objetivo de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, es decir, las personas que actúan de forma no violenta para que se respeten los derechos garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Front Line Defenders les proporciona un apoyo rápido, logístico y práctico.
Noticia publicada en El Salto
Ver enlace original 312 defensores del medio ambiente y de los derechos humanos fueron asesinados en 2017
