La tarde del pasado sábado 18 de noviembre, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA), dio captura contra el Víctor Caballero miembro del grupo paramilitar que opera en el asentamiento La Confianza, quien es hermano de varios integrantes del grupo paramilitar involucrados en varios asesinatos en el Bajo Aguan.
En base a esa captura, existe entre organizaciones sociales de la zona mucha preocupación por la vida de la familia del compañero Yoni Rivas dirigente del Movimiento Campesino Unificado del Aguan MUCA, ya que los integrantes del grupo paramilitar habían manifestado que, si se capturaba a un miembro de la familia Caballero, estos tomarían acciones de represalia contra la familia de Rivas, debido a sus demandas de justicia para las víctimas de grupos para militares.
La familia Rivas ha solicitado de manera URGENTE al Estado de Honduras, a través del mecanismo de protección de derechos humanos, salvaguardar la vida de la familia del Compañero Yoni Rivas reconocido dirigente campesino en el Bajo Aguan, cabe destacar que la familia de Rivas es beneficiaria de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son de cumplimiento obligatorio para el estado hondureño.
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales han hecho in llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a estar pendientes de cualquier atentado que pudiese ocurrir en contra de la integridad física y seguridad del líder campesino y su familia.
Como Alianza Centroamérica frente a la Minería (ACAFREMIN) nos sumamos a las muestras de solidaridad y exigencias del respeto a los derechos humanos de los defensoras y defensoras de la tierra, los territorios y de los derechos humanos que defiende la vida en contra del extractivismo en dicho país.
Consideramos pertinente que se brinde de forma inmediata las Medidas Cautelares a favor de los defensores y sus familias en ese territorio y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie al respecto y exhortamos a los movimientos sociales de la región a compartir la denuncia pública.
