Defensores ambientales y de derechos humanos mencionan que el nuevo Código Penal de Honduras que entrará en vigencia él próximo 25 de junio representa un gran retroceso en materia de derechos humanos. Mencionan que este código tiene dos caras, una es que beneficiara a corruptos, narcotraficantes y violadores y otra que restringe derechos y libertades.
El día 9 de junio en horas de la mañana un grupo de trabajadores de la empresa Cementos Progreso (Cempro), ingresaron sin autorización en uno de los terrenos de la comunidad Pilar II, en San Juan Sacatepéquez. Los trabajadores rompieron la cerca de alambre, una retroexcavadora ingreso sobre el terreno y comenzaron escavar dejando una zanja de por lo menos 3 metros de profundidad y unos 15 metros de largo, denunciaron las autoridades indígenas maya kaqchikel.
Incumplimiento de sentencias constitucionales y disposiciones del poder ejecutivo caracterizan el accionar de la empresa minera CGN-PRONICO en la explotación de níquel que opera en El Estor, Izabal. A ello se suma la estigmatización y criminalización de los liderazgos sociales que se oponen a la gravísima contaminación que impacta al Lago de Izabal y los cerros donde se extrae masivamente el mineral.
Empresas mineras trasnacionales aprovechan la pandemia de Covid-19 para posicionar la industria y seguir operando, pese a las restricciones, según estudio Voces desde el Territorio, respaldado por 300 organizaciones.
En la última década la extracción ilegal de mercurio ha crecido vertiginosamente en Suramérica en franco desafío a la salud humana y ambiental. Su aumento se incrementa a la par de la demanda de oro, una actividad económica que está en auge por su alta cotización y pese a los daños irreversibles que causa al ambiente y a la biodiversidad.
