Guatemala

El estudio, que fue coordinado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) y fue posible gracias al financiamiento de la Fundación Ford e IDRC, se enfoca en las causas de diversos problemas que se registraron y persisten en gran parte del territorio nacional. A continuación, presentamos un resumen de los principales resultados:

Derechos Humanos: Según los medios analizados, las violaciones de los derechos humanos constituyeron el tipo de conflictos socioterritoriales más recurrente en 2019, incluyendo el desplazamiento forzado de comunidades, abusos y violencia sexual, masacres, genocidios, asesinatos y desapariciones forzadas, hechos que devienen del conflicto armado interno guatemalteco.

Algunas de estas violaciones, aunque cometidas en los primeros años de la década de los 80, han sido en los últimos años objeto de procesos judiciales que aún continúan, mientras que otras permanecen sin ser judicializadas. Dentro de los conflictos identificados, merece mención aparte el caso del genocidio ixil (1980-1983).

Un conflicto asociado a violaciones de derechos humanos y no relacionada con el conflicto armado interno ocurrió en la Aldea Vásquez, en el departamento de Totonicapán. Esta comunidad se ve azotada en la actualidad por una alta prevalencia de abusos sexuales en su interior, con numerosas niñas violadas y, en consecuencia, altas tasas de embarazo adolescente. Esa situación, promovida por la impunidad de los perpetradores, ha generado en el territorio una espiral de violencia sexual y pobreza.

Pobreza: Esta categoría es la segunda en tener más presencia en los medios y aparece como un conflicto socioterritorial en la medida en que diversos actores manifiestan su rechazo a la escasez o carencia de bienes y servicios públicos de primera necesidad, para un amplio sector de la población guatemalteca, especialmente en el área rural.

Entre los aspectos más conflictivos resalta el fenómeno migratorio, que se entiende como un fenómeno causado por la pobreza material y la falta de oportunidades que aqueja al país. Los artículos analizados denuncian el abandono de una población altamente frágil y vulnerable, toda vez que experimenta problemas severos de desnutrición, de acceso a la salud y educación y que, desprotegida, se muestra indefensa frente a los problemas de seguridad que aquejan al país.

Para informar sobre estos conflictos, se entregan diferentes datos respecto a localidades y actores asociados a los conflictos, como un grupo de niños que murieron en la frontera sur de Estados Unidos provenientes de Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula.

Otro elemento a destacar son las sequías sucesivas que, vinculadas al cambio climático y una mala distribución de la tierra, han provocado una secuencia de bajas cosechas en los últimos años, que agudizan los problemas de hambre y baja rentabilidad de la producción agrícola de menor escala en las cadenas de valor. Ello sucede en muchos municipios de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Jutiapa, Jalapa, Chimaltenango y Izabal.

Los problemas de inversión pública en infraestructura educativa y salud influyen significativamente a la población más vulnerable, así como la falta de electrificación y el aislamiento de zonas rurales frente al lento desarrollo de una red vial que conecte las localidades más aisladas.

Propiedad de la tierra: En estos conflictos subyacen las relaciones de poder y abuso que conllevan los despojos de tierras a diferentes escalas y las comunidades se ven afectada por un actor externo al territorio que causa su desplazamiento, como ocurrió en la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, en los que las comunidades fueron desplazadas de las tierras que tradicionalmente ocupaban tras la declaración de la zona como área protegida por parte del Estado.

En un segundo nivel, están los enfrentamientos de una comunidad que entra en disputa con uno o varios actores internos o externos por la ocupación de tierras. Con frecuencia, ambas partes del conflicto siguen conviviendo dentro del mismo territorio.

Uno de los conflictos mencionados y que evidencia este tipo de instancias es el de El Estor, Izabal, donde la presencia de empresas en un área ancestralmente ocupada por una comunidad indígena ha generado una disputa de legitimidad de las tierras, ocupadas tradicionalmente por comunidades nómadas y que, a pesar de su alto valor espiritual, económica y cultural para las comunidades, fueron declaradas como tierras baldías.

Finalmente, el despojo de tierras se da también a escala individual sobre la base de patrones de discriminación que afectan fuertemente el acceso a la tierra. El caso del Chicamán, en Quiché, donde un grupo de mujeres viudas fueron despojadas de sus tierras, ejemplifica este tipo de conflicto.

Muchas comunidades han sido forzadas a desalojar las tierras que consideran propias.

Migración: Este es un conflicto muy ligado a la pobreza porque las consecuencias de la migración están asociadas a una serie de tensiones en las relaciones humanas y organizativas que estructuran un territorio.

Por ejemplo, se destacó en los medios el arresto de niños en la frontera de Estados Unidos y la fragilidad biográfica que supone para sus vidas, aparte de que la migración produce una desintegración del tejido social interno del mundo rural guatemalteco, que se presenta como el espacio territorial que expulsa mayor población del país.

Muy estrechamente ligado a la categoría antes analizada (la pobreza), en cada uno de los artículos que representan los conflictos ligados a la migración aparecen el retraso en temas de infraestructura y la ausencia o muy baja intensidad de los sistemas de salud y educación.

Eso, ligado a los conflictos con megaproyectos que hacen aún más compleja la vida cotidiana de la población rural, provoca muchas veces que los individuos decidan partir y, con ello, involucrarse en toda una red clandestina que permite articular el fenómeno migratorio. Principalmente, el contacto con la mafia de la immigración, coyotes (encargados de guiar a los migrantes hasta un territorio acordado, en general, México o Estados Unidos) y prestamistas, quienes entregan la liquidez necesaria para comenzar el viaje.

Cada uno de estos procesos se indican como conflictos vivos en cientos de comunidades rurales, los que se acentúan con el actual proceso de deportación que se ha intensificado desde Estados Unidos con la política migratoria de su Presidente, Donald Trump.

Con un mayor énfasis puesto en la detención y deportación, son miles los guatemaltecos que han regresado a su país y, con ello, se considera que deben volver a condiciones de pobreza doblemente complejas debido a las condiciones de vulnerabilidad que los hicieron partir y porque ello empeora por las deudas que muchas veces no lograron resolver con los prestamistas antes de partir. Así, es una población altamente vulnerable porque queda a merced de los intereses de los prestamistas clandestinos y, con ello, toda su red familiar.

Miles de personas viajan a Norteamérica, sin ninguna garantía de seguridad.

Política: Este factor se manifiesta principalmente por medio de la corrupción, el apoyo del Estado a la empresa privada frente a la comunidad, y el abandono de los territorios y su población.

Algunos de los conflictos identificados narran cómo determinadas comunidades se encuentran abandonadas por las instituciones públicas, que no invierten en los territorios, no garantizan los servicios básicos o constriñen los derechos indígenas.

Esto, mientras se presta respaldo a empresas externas al territorio en contra de los intereses de la comunidad o están involucrados en casos de corrupción que esquilman las arcas públicas.

Entre las menciones identificadas está el conflicto por la recuperación del centro comunal de Patzún, Chimaltenango, el que se convirtió en empresa privada, corrupta y poco transparente, lejana a los fines originales de contribuir al desarrollo de la comunidad.

Otro conflicto mencionado es de la Marcha por la Dignidad. En ella, un millar de campesinos caminaron desde Quetzaltenango hasta la ciudad de Guatemala para exigir el cese de la corrupción, la impunidad, el modelo económico de acumulación y despojo que afecta a las comunidades rurales e indígenas y la criminalización de defensores de la tierra y los Derechos Humanos.

Junto con las menciones a conflictos políticos institucionales, en paralelo, coexisten otros conflictos que van más allá de lo institucional y que reflejan disputas entre particulares. Dentro de este subtipo, encontramos una mención a un conflicto por condiciones laborales en fincas de la costa sur.

Extractivismo: La explotación minera ha puesto en evidencia los límites o las externalidades negativas de un modelo de desarrollo en evolución. Guatemala necesita de energía y materias primas para exportar y echar a andar su aparato productivo, lo que ha implicado la instalación de múltiples empresas de gran envergadura en localidades rurales.

Pero los costos de estas instalaciones y su puesta en marcha, han tenido alto costo para las comunidades campesinas e indígenas que se sitúan en esos territorios, incluyendo la división física de comunidades, como es el caso de una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, un empobrecido municipio de Huehutenango.

También se evidenciaron conflictos con la industria cementera en la comunidad Loma Alta de San Juan Sacatepéquez o con el sector minero en la localidad de El Estor, donde las denuncias ponen en evidencia las disputas por los derechos de propiedad de la tierra, el impacto medioambiental de las industrias extractivas en el territorio y la violencia que desencadenan procesos que no se pliegan a los canales institucionales para su resolución.

En general se ha observado que las disputas se despliegan en los territorios, pero han alcanzado a escalar hasta la capital. Por ejemplo, cientos de comunidades, encabezadas por el Parlamento Xinca (pueblo originario), se manifestaron afuera de la Corte Suprema de Justicia exigiendo la resolución en forma inmediata de las denuncias contra el gobierno por permitir el funcionamiento de la mina de plata El Escobal, en Santa Rosa.

La extracción minera ha causado controversia en el país.

Seguridad: En esta categoría es posible diferenciar dos subtipos o grupos, cada uno englobando tres de ellas. El primero hace referencia a casos de territorios cruzados por altos niveles de violencia. Estos se enmarcan en situaciones de poco control estatal en las que los habitantes de los territorios están expuestos a crímenes, extorsiones y/o control por grupos vinculados al narcotráfico.

El segundo grupo está compuesto por la declaración de Estado de Sitio en la municipalidad de El Estor por parte del gobierno. En el caserío Semuy II fueron asesinados tres oficiales de la Marina lo que llevó al expresidente Jimmy Morales a decretar el Estado de Sitio el 3 de septiembre del año 2019. Desde la comunidad, varias asociaciones denunciaron la militarización, allanamientos e interrogatorios como respuesta desproporcionada.

Medioambiente: En este foco de conflicto están involucradas empresas agrícolas, forestales o eléctricas que abusan del ecosistema, lo que produce un rechazo en las comunidades locales. Por ejemplo, se menciona el caso de contaminación por fertilizantes en los ríos y lagunas de Retalhuleu.

También el problema que surgió en el año 2011, cuando un amplio grupo de vecinos de Antigua Guatemala comenzó una lucha contra un proyecto de instalación de torres de transmisión eléctrica, agrupando diversas organizaciones de la zona.

Además, destacan los conflictos ligados a la deforestación que se experimentan en distintos puntos del país, pero con especial énfasis en Petén. Esto ha generado una desconfianza ciudadana con muchos de los sistemas de ordenamiento de bosques, como pasó en el caso de La Trementina, en Zacapa, cuando una tala programada, con el fin de proteger el bosque del territorio frente a una plaga, generó un conflicto con las comunidades locales.

Por otro lado, la acción del cambio climático en el país que ha causado ausencia de lluvias en el llamado Corredor Seco, ha acabado o disminuido fuertemente la producción agrícola de baja intensidad, lo que dificulta aún más el sostenimiento alimenticio de los hogares rurales.

Finalmente, varias disputas en torno a los temas medioambientales han tenido un impacto en la vida de líderes sociales que articulan la resistencia a nivel territorial. Los casos de Andrés Patzán, María Choc, Bernardo Caal y miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales del lago de Izabal, se mencionan como paradigmáticos en la defensa de los recursos naturales. Ellos son líderes comunitarios encarcelados, que los movimientos medioambientalistas consideran presos políticos.

Agua: Distintos actores territoriales manifiestan posiciones contrarias por la propiedad, distribución y usos del líquido, lo que tiene relación con el cambio climático, pero también con el rol de la empresa privada como actor involucrado en las disputas, de manera directa o indirecta.

La falta de presencia del Estado se asocia a los supuestos intereses de empresas privadas (embotelladoras y comercializadoras), pues para éstas, el limitado acceso al agua por parte de los habitantes supondría una oportunidad de lucro, lo que las llevaría a obstaculizar nuevos arreglos de gestión de los recursos hídricos y sostener la actual situación de abandono estatal.

En otros casos, la empresa privada se presenta como un actor que rivaliza con las comunidades por el uso de los recursos hídricos del territorio, ya que incorporan gran parte de ella en sus procesos de producción. Un ejemplo es el de la aldea San Miguel Aroche, en Santa Rosa, donde la comunidad enfrenta escasez de agua debido a tres motivos principales: la falta de gestión de los recursos, el cambio climático y la presencia de una hidroeléctrica privada que compite por el uso del agua.

La instalación de la hidroeléctrica en parte de los manantiales llevó a la comunidad a exigir una compensación para un proyecto de reforestación. La hidroeléctrica cumplió solo parcialmente los acuerdos a lo que se suma el fracaso de proyecto de reforestación y la crisis climática que tiene a la hidroeléctrica al borde de la quiebra.

El agua y los bosques han sido depredados, afirman los ambientalistas.

Las conclusiones

Según lo anterior, los principales conflictos socioterritoriales en el país se pueden agrupar en nueve grupos: agua, Derechos Humanos, extractivismo, medioambiente, migración, pobreza, conflictos políticos, propiedad de la tierra y seguridad. Algunos de ellos son de naturaleza muy compleja e incorporan diferentes dimensiones.

Los ítems noticiosos revisados permitieron el rastreo de los conflictos hasta al menos un nivel departamental en el 82 por ciento de los casos. En este sentido, se observó que geográficamente también existen grandes disparidades. El 52por ciento de las menciones de conflictos se asociaron a solo cuatro departamentos: Izabal, Quiché, Petén y Baja Verapaz.

Por el contrario, ninguna noticia hizo referencia a conflictos socioterritoriales en los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, San Marcos, Sololá o Suchitepéquez.

Estas disparidades, tanto temáticas como geográficas, dependieron de lo que la prensa escrita recoge según sus prioridades informativas. No obstante, los resultados de este trabajo suponen un avance en la identificación y en el entendimiento de este tipo de conflictos en el país.

En tal sentido, el Rimisp recomencó que en aras de continuar profundizando en el conocimiento sobre la prevalencia y distribución de los conflictos que cruzan los distintos territorios guatemaltecos, se recopile información de otras fuentes primarias y secundarias de distinta naturaleza.

La triangulación de la información obtenida permitiría no solo obtener una visión más comprensiva, sino también profundizar en los resultados de este análisis, se indicó.

Original: Nómada