Manifestación contra la Mina Escobal en 2018 (Foto por Jackie McVickar/Flickr)
La mina Escobal, ubicada al este de Guatemala, es la segunda mina de plata más grande del mundo y la fuente de uno de los conflictos ambientales más arraigados en Guatemala. Las actividades de la empresa minera ha sido suspendida por acción directa de la resistencia comunitaria, y por orden del Tribunal Constitucional desde mediados de 2017.
En 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energía (MEM) del derecho de consulta al Pueblo Xinka al haber otorgado la licencia de minería Escobal sin atender este compromiso internacional contenido en el Convenio 169 de la OIT. La Corte ordenó al MEM realizar un proceso de consulta, que una vez realizado, permitiría a la mina comenzar a operar. El dictamen dejó algunas cuestiones claves irresueltas:
- ¿A quién se debe consultar?
- ¿Cuál es el área de influencia de la mina?
- ¿Cuál es el significado y la naturaleza de un proceso de consulta liderado por el estado?
De importancia central es el hecho de que este fallo no reconoció la legitimidad de las consultas a nivel comunitario realizadas durante los últimos ocho años, principalmente bajo jurisdicción municipal, que demostraron una oposición abrumadora a la mina en las comunidades aledañas. Un concepto mas robusto de la consulta que consta que la mina tiene que cerrar definitivamente predomina a nivel local. Lo que ha venido desde el dictamen ha sido un conflicto entre el concepto comunitario y el sentido de consulta que promueve la minera. Los dos grupos buscan influir el proceso ordenado por el tribunal, avanzando respuestas irreconciliables a las tres preguntas ya mencionadas, con mecanismos distintas en su disposición. Recientamente, el presidente Jimmy Morales dijo que la consulta requerida para reiniciar las operaciones de la mina se terminará al finalizar su mandato en enero.
La realidad sociopolítica y territorial es producto de esta lucha dialéctica asimétrica entre visiones incompatibles y estrategias contrapuestas. La resistencia comunitaria usa una variedad de métodos de oposición pacifica: manifestaciones, debate publica, llamamientos a la lógica, denuncias, acción directa para detener la actividad de la mina, alianzas políticas con la iglesia católica y ONG nacionales e internacionales, y estrategias legales basadas en derechos indígenas. Han mantenido un bloqueo contra la entrada de materiales a la mina desde 2017 y lanzaron una campaña para revindicar la identidad Xinka antes del censo de 2018. Ahora 268,223 personas censadas identifican como Xinka, desde 16,214 en 2002. Además, han buscado apoyo de científicos para hacer análisis del impacto ambiental independiente, especialmente estudios de agua.
Por otro lado, la mina se proclama como motor del desarrollo regional y ha otorgado regalías a varias comunidades afectadas con tal de ganar voluntades o callar criticas. Afirman su análisis ambiental que disminuya los efectos negativos de la mina. Antes del dictamen del Corte, compraron anuncias radiofónicas diciendo que “la gente Xinka no existe”. Mas preocupante aún, la minera ha perseguido una campaña de criminalización contra de la resistencia comunitaria. En 2013, fuerzas de seguridad atacaron manifestaciones pacificas con armas de fuego, matando dos, y hiriendo a 11 mas. Varias miembros de la resistencia han sido agredidos e amenizados, o encarcelados injustamente por meses. La minera está en proceso de manipular el proceso de consulta con el complicidad del estado.
El 8 de agosto 2019, el Parlamento Xinka denunció que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Recursos Naturales (MARN) anunciaron que en la preconsulta solo iban a participar el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), una decisión que alinea con una definición reducida de la área de influencia que fue determinada ilegalmente antes de proceso de consulta. Comenzaron la consulta con los representantes de COMUDE a pesar de que la CC dejo claro que los COMUDES no son representantes legales por el Parlamento Xinka. El Parlamento instó al Fiscal General para demandar contra de MARN y MEM por incumplimiento de proceso debido, perjurio, y tráfico de influencias. Además, apelaron a la Corte Suprema de Justicia. No ha habido respuestas adecuadas a sus quejas y MEM sigue trabajando con la área de influencia reducida y sin la participación de las autoridades Xinkas. Peor todavía, han aumentado ataques contra la resistencia. El 25 de agosto fue el octavo aniversario de la primera consulta, pero el proceso encaminando ahora no representa ni en parte el espíritu de lo original. En respuesta a un proceso discriminatoria y no-constitucional, el 3 de septiembre, el aniversario de la decisión de la CC, la resistencia hizo una marcha en la capital para exigir sus derechos, afirmando que si el proceso sigue de esta manera, no tendrá legitimidad.
Una Investigación Pública
El contraste entre la cultura del capitalismo extractivista representada por la mina, y los conceptos alternativos de la resistencia comunitaria estaba a plena vista a fines de febrero de 2019, cuando el Centro de Estudios de Conservación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON-USAC) presentó un estudio multidisciplinario sobre el impacto de la Mina Escobal ante una multitud en la ciudad de Guatemala. El deseo de la mina de achicar el derecho a consulta fue visible.
El estudio de CECON, Desigualdad, Extractivsmo y Desarrollo en Santa Rosa y Jalapa, realizado por un equipo de cinco jóvenes profesionales guatemaltecos y financiado por Oxfam Guatemala, se basó en el bienestar común, derechos humanos y derechos Indígenas, y evidenció un panorama sombrío respecto a los efectos ambientales, económicos, sociales y psicológicos de la mina, todos asumidos por el público como externalidades, y por los cuales la mina ha tomado una responsabilidad muy limitada. Respaldo fuertemente la oposición comunitaria.
Utilizando gráficos, mapas, e imágenes y guidas por una concepción multidimensional de la pobreza, los investigadores detallaron los fracasos y riesgos de la mina. La mina creó solo un número moderado de empleos y tuvo poco efecto en la pobreza local. El presupuesto para el cierre de la mina es demasiado optimista; la mina excavó túneles gigantes (2 km) en la parte superior de una cuenca y un sistema fluvial que es una zona de recarga para un acuífero regional. Docenas de nacimientos de agua se han secado en aldeas arriba de la mina y existe una alta probabilidad de que la mina esté contribuyendo a un aumento del arsénico en el sistema regional de agua.
Para vaciar los túneles y alcanzar la vena de plata, la mina consume 255 galones de agua por minuto y 2.8 millones de litros cúbicos por año, bajando el manto freático y haciendo daño a largo plazo a la cuenca. Además, la mina ha condenado a una aldea entera, La Cuchilla, a que sus residentes califiquen como personas desplazadas forzosamente, según la definición de la ONU. Por estas razones, concluyeron que la mina ha generado conflictos que han dejado a la población local traumatizada, viviendo con estrés e incertidumbre. El estudio también critica al MARN y al MEM, por no tener un adecuado análisis de los riesgos y fracasar en su función reglamentario.
El estudio cuestiona repetidamente la ética y lógica de instalar, sin consulta previa, una mina en la parte alta de una cuenca que es la fuente de agua para varios municipios, en una región donde el arsénico existe de forma natural en la roca del subsuelo, por lo que fácilmente puede entrar al sistema de agua, gracias a la actividad minera que muele la roca y la expone al agua y oxígeno.
Las mina es entonces, productoras de anti-libertad, anti-desarrollo, y desigualdad, porque ignoran soluciones integrales y excluyen a las poblaciones del panorama. Hay regalías y empleos sí, pero a cambio de riesgos, ruidos insoportables, hostigamiento, división, negación de identidad, transformación masiva del territorio, y exposición a daño sistemático. Agrava la desigualdad en varias dimensiones. Este análisis puede aplicarse de buena parte a muchos de los proyectos de mega-desarrollo en Guatemala.
Es raro que un megaproyecto en Guatemala sea sometido a una batería académica y científica tan completa y sostenida por una institución pública. El hecho que las oficinas de CECON fueron robadas cuatro veces en enero, el mes antes de la publicación del estudio, subraya la importancia de sus conclusiones.
Debido a que había organizado que la ingeniera de sistemas de agua de Virginia Tech, la Dra. Leigh Anne Krometis, y su estudiante de doctorado, Cristina Marcillo, realizaran un monitoreo de los sistemas de aguas superficiales alrededor de la mina que contribuyeron al estudio, me invitaron a la mesa de comentaristas.
La Minera Habla
El primer comentario lo dio John Serna, anteriormente director de sostenibilidad de Tahoe Resources, el antiguo propietario de la mina, y ahora con Pan American Silver, una empresa minera canadiense y uno de los operadores de minas de plata más grandes del mundo, los nuevos dueños. La presentación de Serna brindó un ejemplo vívido de cómo las compañías mineras se engranan directa y públicamente con críticos Indígenas organizados y dedicadas, y cómo ese “dialogo” es parte de una estrategia de relaciones públicas para superar a la oposición. Abre una ventana para comprender cómo insisten en que el mundo debe ser entendido, así como su estrategia para la siguiente fase de la consulta ordenada por la Corte para hacer que el mundo se ajuste a su visión.
Serna comenzó “aceptando,” de forma vaga y general, los hallazgos: "[la mina] compartimos en buena parte estas conclusiones y recomendaciones,” pero al mismo tiempo, ensalzó la superioridad de la empresa minera en el dominio de la ciencia, ofreciendo compartir datos de 11 puntos de monitoreo generados desde 2009. La clara pero sutil implicación era que sus datos adicionales y superiores complicarían la imagen más allá de lo que se presenta con el estudio. Sin embargo, afirmó que la mina estaba dispuesta a aceptar los hallazgos "en buena parte," tal como esperan que los autores del estudio, así como sus otros críticos, estén abiertos a ellos, a sus datos. A pesar de que "aceptó" la crítica, presentó sus hallazgos como totalmente consistentes con la operación continua de la mina.
Además, Serna posicionó a la mina como un "actor en el territorio" junto a las "poblaciones" Xinka, con un futuro por delante, minimizando el poder económico y político de la mina: "no somos realmente tan grandes ni poderosos." Serna insinuó la posibilidad de una mejor redistribución de los beneficios de la mina y los esfuerzos para “mitigar” la situación en La Cuchilla para “cerrar las heridas” y comenzar un “proceso de reconciliación en el territorio” para que la mina pueda ser “parte de La solución, no solo un problema.” Presentó la existencia continua de la mina como necesaria para la creación de una sociedad justa e inclusiva, una visión que excluyó—definitivamente—la posibilidad de cerrar la mina.
Gran parte de la fuerza política de la presentación se refería a lo que dejó sin decir. Nunca mencionó al Pueblo o Parlamento Xinka por su nombre, un esfuerzo para predefinir la consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad a las comunidades Xinkas que se consideran dentro del "área de influencia" de la mina. También tuvo cuidado de no mencionar el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera la palabra “consulta,” que implica los derechos de los pueblos Indígenas. Invitó específicamente a los alcaldes municipales al “diálogo” sobre el futuro de la región, y también a las "poblaciones" (no especificadas) Xincas.
Cerró su presentación con una cita de la encíclica del Papa Francisco que llama a los humanos a unirse para construir un desarrollo sostenible, posicionando la existencia continua de la mina como totalmente compatible con esta filosofía.
Lo crítico aquí es que la compañía, aunque en general reconoció el daño, no aceptó ninguna responsabilidad fiscal legal por los daños ambientales o sociales, negó la naturaleza estructural de estos problemas y prometió continuar las operaciones mineras. La comunidad ha rechazado expresamente dicho "diálogo" y la operación minera durante años, y además estos esfuerzos están prohibidos por el proceso de consulta, lo que lo socava como un proceso "libre" de coerción para las comunidades.
Es imposible que la mina opere y se expanda sin consumir grandes cantidades de agua que amenaza el ecosistema de la cuenca y las economías regionales. Además el riesgo del drenaje ácido de la mina, los aspectos socioculturales, y los impactos económicos, y los costos humanos de la criminalización, la demonización y la violencia contra la resistencia de la comunidad. La destrucción del medio ambiente y los conflictos son fundamentales para la existencia de la mina, no es algo que se pueda desaparecer con un deseo. Estés efectos son incompatibles con el concepto de desarrollo avanzado por las organizaciones comunitarias, que se enfoca por lo general en la agricultura de subsistencia y para el mercado, y el derecho humano al agua y a un ambiente sano.
Los miembros de la resistencia se alegraron de escuchar los resultados del estudio, que se hizo eco a partir de la experiencia vivida. Se sentían públicamente reivindicados. Pero también se enojaron, aunque no se sorprendieron, por la arrogancia de Serna. Hablando entre sí después, criticaron como había tergiversado las palabras del Papa sobre desarrollo sostenible para justificar la mina. Además, compararon las declaraciones de Serna con una persona que había llegado a la casa de alguien, que mató a sus familiares y luego le pide perdón y quedarse. Querían que la mina desapareciera, punto. Fueron inquebrantables y estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para detener la mina. En sus mentes, poco había cambiado. Este relato destaca como la investigación independiente dirigido por un sector publico funcional puede informar debates sobre modelos del desarrollo y como pueden apoyar a las comunidades afligidas por las industrias. Si bien la investigación independiente tiene grandes limitaciones y obstáculos en Guatemala, parte de la lucha es lograr que estudios como el realizado sobre los impactos socio-ambientales, refuercen el derecho a la consulta, y la soberanía de los territorios de los pueblos Indígenas. Por ahora, estos asuntos parecen estar separados, en las Cortes, pero no para las comunidades.
