El proyecto minero El Escobal, también conocido como Derivada VII, propiedad de la firma Kappes, Cassid & Asociados y de la empresa subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), que fuera suspendido desde junio de 2016 tras años de resistencia por parte de las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo (denominada Resistencia Pacífica de La Puya), demandó al Estado de Guatemala por 2 mil millones de quetzales.
La demanda se basa en acuerdos de Cafta
El 11 de diciembre el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó una demanda contra el Estado de Guatemala interpuesta en mayo pasado por Daniel Kappes, accionista de la empresa minera y de la firma Kappes, Cassid & Asociados, que reclama una indemnización de 300 millones de dólares —unos 2 mil millones de quetzales– por la suspensión del proyecto minero en junio de 2016.
El reglamento del Ciadi establece un plazo de 90 días de reconciliación, el cual no se alcanzó, por lo que la demanda sigue su curso. Los demandantes argumentan su acción en los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala al firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana CAFTA-RD en año 2005.
La suspensión de las operaciones de empresa minera se ordenó por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la falta de consulta a la población kaqchikel que vive en los dos municipios, como establece el Convenio 169 de la Organización del Trabajo OIT. Decisión que en su momento fue apelada en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la empresa.
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