Recuerdo pocos temas en los que haya habido tanta presión por parte de una empresa y del sector privado organizado como la discusión sobre la licencia de la Minera San Rafael. Y estamos inundados de propaganda publicitaria de la Mina y la Cámara de Industria y ahora el Cacif diciéndonos que el freno a la Mina San Rafael es lo peor que podría pasar a Guatemala.
Guatemala, como otros países de Centroamérica, tiene un debate sobre si deberíamos permitir la minería. El magistrado Bonerge Mejía hizo bien en tomarse el tiempo para analizarlo; ahora debería fallar en contra.
Entonces me gustaría hacer matices y contradecirlos, para que los jueces recuerden que la minería no solo es impopular en Guatemala sino desaconsejable en las actuales condiciones.
Antes, un preámbulo. En San Rafael Las Flores, una minera canadiense obtuvo una licencia de explotación de lo que ellos venden como la tercera fuente de plata más grande del mundo. Hace un año fueron ordenados a detener sus operaciones porque la Corte de Constitucionalidad dio un amparo a los opositores a la mina porque no hicieron una consulta a los pueblos indígenas xinkas, como manda el Convenio 169 de la OIT. Desde entonces, la Corte ha estado debatiendo y analizando sobre el caso.
El argumento de la Minera y de las Cámaras dice que sin la minería no hay impuestos ni empleos ni certeza jurídica ni desarrollo.
Vamos a examinarlo.
1. Impuestos.
Es verdad que se ha dejado de percibir Q415 millones desde que se frenaron las operaciones, pues en Guatemala las minas tienen que pagar el 1 por ciento de regalías. ¡A penas el 1 por ciento!
Hay que ser muy cínicos para defender que se han perdido Q415 millones. Cuando a la minería debería cobrársele mucho más si decidimos como país que deberíamos ser un país minero. Si le cobráraramos 10 por ciento de regalías, entonces podría duplicarse el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones o casi duplicarse el presupuesto del Ministerio de Gobernación.
¿Por qué no vemos a las Cámaras empresariales pidiendo más fondos para carreteras y obras de infraestructura o para seguridad, dos temas que harían más competitivo al país? No, su argumento es que la Mina reabra para que siga pagando 1 por ciento de regalías y se lleve esas ganancias a Canadá.
El debate que deberíamos tener como país es cómo construimos un mejor acuerdo sobre la extracción de minerales y petróleo, los impuestos que les cobraremos o si deberían ser emprendimientos público-privados, porque son recursos finitos, son recursos nacionales según la Constitución y si decidimos explotarlos, deberíamos concesionarlos a cambio de que sus regalías o impuestos nos alcancen para financiar mejor educación, mejor salud, mejor seguridad social o accesos a créditos para fundar cooperativas y empresas.
Y ese debate lo tenemos que tener con las mineras detenidas. Si no, veamos el caso de la Mina Marlin en San Marcos. No logramos llegar a un acuerdo y eso le dio tiempo a la minera canadiense de explotar todo el oro que había, dejar a la región en la misma situación de pobreza, cerrar e irse.
¿En realidad quieren eso las Cámaras sobre la Mina San Rafael? ¿Que explote toda la plata a cambio del 1 por ciento de regalías mientras intentamos cambiar las reglas para que cuando logremos cambiarlas, en diez años, ya hayan explotado toda la mina a cambio de dejar a la región con la misma pobreza?
2. Empleos
Sí, ciertamente se están perdiendo empleos. Y nuestra prioridad nacional –incluso del Banco de Guatemala– debería ser promover más empleos dignos.
Pero acá hay un tanto de exageración. En 2014 publicamos una investigación periodística en Nómada sobre la propaganda minera que hablaba de cómo creaban 14,000 empleos. Revisando en cifras oficiales del Banco de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entonces no creaban ni la mitad.
Aquí, algunos párrafos del reportaje: Las mineras sí crean empleo, bien pagado y escaso.
“El sector privado, los gobiernos, medios y columnistas conservadores los consideran una dinamizador de la economía y para la atracción de inversores. En cambio, el relator de Pueblos Indígenas de la ONU las señala de producir conflictividad social; los ecologistas, de dañar el medio ambiente; y el ICEFI, de no pagar suficientes impuestos.
El debate parece estar siendo ganado por los opositores. Una encuestra de Prensa Libre dice que el 66 por ciento de los ciudadanos las rechaza, en especial las comunidades que han participado en consultas comunitarias”.
“Para convencer a la opinión pública, la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) y algunas empresas como Goldcorp (con una mina en San Marcos y acciones en la Minera San Rafael en Santa Rosa) han empezado una campaña para resaltar los nuevos empleos que la industria está creando. Pero hay un problema con los datos. El encargado de llevar las estadísticas es el Banco de Guatemala (Banguat), que a su vez se basa en información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El Banguat, de tradición conservadora y proempresarial, reporta que las mineras y empresas extractivas (entre las que se incluyen petroleras o cementeras) crearon 3,500 empleos anuales entre 2005 y 2010. Aumentó de 2011 a 2013 hasta llegar a 5,800 puestos de trabajo. Pero todavía está lejos de los 14,000 que aseguran las mineras”.
“Más allá de los 14 mil o 6 mil empleos creados, el aporte al mercado laboral es importante, desde 2005 a 2013 las mineras no han logrado crear más del 0.5% del total de empleo. Los servicios, por ejemplo, generaron el año pasado el 49% de los puestos de trabajo. Y si a esta actividad se le suma el comercio y la industria, proveen el 82% de los empleos formales”.
3. Desarrollo
Si no aportan muchos impuestos, ni tampoco aportan muchos empleos, si hay cuestionamientos sobre la conflictividad social que generan o si hay cuestionamientos sobre los controles medioambientales, ¿es la minería una fuente de riqueza para el país?
Y parece ser un problema sistemático de la industria en Guatemala. Miremos Goldcorp en San Marcos. Miremos a San Rafael. Miremos la de La Puya que fue detenida por valentía de jueces. Miremos a la CGN en El Estor; la minera que fue canadiense y ahora es rusa está extrayendo níquel pero no tenemos certeza de si extrae más minerales. No tenemos certeza de si paga todos los impuestos que debería. Hay denuncias serias de violaciones sexuales contra comunitarias y de violencia física contra comunitarios. Y en su propiedad fueron asesinados tres estudiantes de la Universidad del Valle hace seis años.
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¿Deberíamos considerar a la minería un motor de desarrollo? En Costa Rica la prohibieron y esto no frenó inversiones. Incluso en El Salvador la prohibieron.
PS. La discusión legal es que la Mina no hizo una consulta popular a pesar de que hay indígenas xinkas. La minera dice que no hay indígenas, a pesar de que los ciudadanos locales se reivindican como xinkas. Hay que esperar qué dice el peritaje que la Corte de Constitucionalidad pidió a la USAC y a la Universidad del Valle.
Lea: La mina de plata o desaparecer a los xinkas
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Entiendo que el expediente del caso lo tiene el magistrado Bonerge Mejía, que ha pedido análisis profundos legales y de peritajes antropológicos. Él no llegó con buenas credenciales a la Corte de Constitucionalidad pero sus acciones hablan por él. Como ocurrió con Thelma Aldana en el MP. De hecho, me parece que Bonerje Mejía está restituyendo la reputación del Colegio de Abogados. Tanto él como su suplente, María Cristina Fernández, han tenido un papel independiente en la Corte.
A mí me parece bien que los magistrados se tomen tiempo para analizar a fondo un caso como el de la minera San Rafael. Y que ahora es tiempo de que la mayoría de la Corte de Constitucionalidad vote en contra de ese proyecto. Así darán certeza jurídica: en estas condiciones, la minería no es beneficiosa para el país.
Es esperanzador para los ciudadanos y la democracia que en la Corte haya una mayoría de magistrados independientes de las presiones de los poderosos en este caso y de los corruptos en otros casos. Están Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, los que le han puesto freno en muchas ocasiones anteriores al Pacto de Corruptos.
En donde no hay caso es con Neftalí Aldana, de la corrupta mayoría de la Corte Suprema de Justicia de PP y Líder. La otra defensora de oficio del Pacto de Corruptos, Dina Ochoa, incluso ha dado luces de un criterio independiente: falló en contra de que se quitara la reducción de penas para delitos de femicidio.
Ojalá que una mayoría de magistrados fallen en este caso también a favor de Guatemala.
Original: Nómada
