Representantes de más de 32.000 habitantes de los departamentos guatemaltecos de Santa Rosa y Jalapa exigieron hoy la suspensión definitiva de las operaciones del proyecto El Escobal que realiza la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Tesources Inc.
Desde hace tres semanas un centenar de pobladores de esas regiones del sureste del país realizan un plantón en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia jurídica de Guatemala, para exigir a los magistrados que suspendan en definitiva las operaciones de la minera por contaminar el ambiente y no propiciar el desarrollo.
Uno de los portavoces del movimiento, Elson Pérez, dijo a Efe que la empresa "no significa ningún desarrollo para los pueblos xincas de Santa Rosa y Jalapa".
Agregó que los magistrados de la CC les han prometido realizar en enero próximo una visita a las comunidades para verificar la situación y luego emitir un fallo.
Recordaron que en julio pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender temporalmente las operaciones mientras se realiza una consulta obligatoria a la población, pero esa decisión fue apelada ante la CC por la minera y la máxima instancia jurídica no ha resuelto el caso.
Pérez cuestionó que si la minera representa desarrollo "por qué hay desnutrición en nuestros pueblos. Ese modelo no es el correcto porque nuestra tierra es de vocación agrícola", sostuvo.
Denunció que la empresa regala bolsas de alimentos a pobladores de escasos recursos para obtener firmas que luego presentan a inversionistas para hacerles creer que las familias están de acuerdo con el proyecto minero.
"La gente acepta las bolsas por la pobreza, pero eso no significa que acepten la mina", afirmó.
En un comunicado divulgado en el marco de una rueda de prensa en la CC, el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala recuerda que desde junio pasado se mantienen en una resistencia pacífica en el municipio de Casillas (Santa Rosa) en rechazo a la minera.
Denunció que la empresa "se aprovecha de la pobreza de las comunidades y no fundamentan la aceptación del proyecto en nuestros territorios".
Reveló que con frecuencia se observan helicópteros en las instalaciones, pero se desconocen las operaciones que realizan.
El Parlamento Xinka pidió al Ministerio Público (MP) que investiguen esos hechos para descartar cualquier acto que pretenda atentar contra la resistencia pacífica en Casillas.
Noticia Publicada en W Radio
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