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El 26 de septiembre venció el plazo para que el presidente Nayib Bukele firmara el acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y El Salvador junto con Honduras fueron los únicos dos países centroamericanos que no adoptaron el tratado por la vía del Ejecutivo.

Se le conoce como Acuerdo de Escazú porque su adopción ocurrió en esa ciudad costarricense, en 2018. Su nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El objetivo principal del instrumento es garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones medioambientales y también incluye herramientas para proteger a los defensores ambientales.

Dos días antes de que se venciera el plazo para firmar el acuerdo, en cuya negociación El Salvador participó activamente, Bukele adelantó que no daría ese paso por consider que ciertas cláusulas eran inconvenientes para el país. Sin aclarar con qué cláusulas está en desacuerdo, dijo que si se modificaban, daría su firma. “No podemos dejar de construir casas”, aseguró el mandatario.

Pero para el Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, el presidente Bukele está mal asesorado sobre lo que implica el pacto y cuál es el proceso para que un Estado adopte un tratado internacional como este. “Es lamentable, es penoso, vergonzoso, que el ciudadano presidente dé declaraciones de ese tipo, teniendo los asesores que tiene, teniendo toda una Secretaría de Asuntos Jurídicos, teniendo una misión de El Salvador en Naciones Unidas con personas de alto nivel, que no lo pudieron asesorar, porque él no puede renegociar un acuerdo que ya fue adoptado”, dijo a Teleprensa César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor.

Artiga explicó que para proponer y discutir enmiendas del acuerdo, El Salvador primero debe ser parte del pacto y esto se logra con la firma y ratificación, o con la adhesión al tratado. 

Grupos ambientalistas salieron a las calles para exigir la firma del Acuerdo de Escazú. /Fotos: Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú

La firma de un acuerdo como el de Escazú corresponde al Órgano Ejecutivo y muestra la voluntad de respaldar su contenido, someterlo al debate nacional y evitar acciones que obstaculicen su ratificación. Es la Asamblea Legislativa quien tiene la potestad de ratificar el pacto para luego enviarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero solo los países firmantes pueden ratificarlo. Sin la firma de Bukele, El Salvador ya no puede utilizar esta vía para entrar al Acuerdo de Escazú.

La otra alternativa, que es la única que le queda al país para formar parte del tratado, es la adhesión, que se logra a través del Órgano Legislativo. “La adhesión equivale a firmar y ratificar en un solo paso. La diferencia, que es muy significativa, es que la decisión ya no está en manos del Órgano Ejecutivo. El ciudadano presidente perdió la oportunidad de demostrar su compromiso y ahora es la Asamblea Legislativa la que va a decidir si El Salvador va a ser un Estado parte o no del acuerdo”, explicó Artiga.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú logró 23 firmas: Antigua y Bermuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Además, nueve naciones ya ratificaron el tratado: Antigua y Bermuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. 

“De Centroamérica firmaron todos los países, menos El Salvador y Honduras”, dijo el coordinador del Equipo Impulsor del acuerdo. “El país pierde mucho a nivel de imagen, a nivel de compromiso. El mensaje que se envía es ‘no nos interesa avanzar en la democracia y la gobernanza ambiental’. ¿Qué significa no avanzar en democracia y gobernanza ambiental? Significa que el país no está interesado en abrir las discusiones a la ciudadanía para que participe en la toma de decisiones sobre el ambiente”, añadió Artiga. 

Original: Teleprensa

 
 
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