En vista de que las compañías mineras contaminaban con cianuro los ríos Santa Rosa y Agua Caliente, cuarenta y nueve habitantes de Santa Rosa de Lima se reunieron en agosto de 1912 para escribir una elocuente carta de protesta. Querían terminar con la impunidad de intereses extranjeros que recibían el apoyo y protección de los poderosos de El Salvador.
A principios del siglo XX muchos creían que la minería estaba destinada a competir con la agricultura como fuente de la fortuna nacional. Ante la bonanza venidera, los líderes políticos de El Salvador estaban dispuestos a dar grandes facilidades para atraer inversión extranjera que permitiera explotar la riqueza mineral. La perspectiva de los habitantes de las zonas mineras era muy diferente, ellos sufrían las consecuencias de la contaminación y se quejaban de su impotencia ante la influencia económica y política de las compañías estadounidenses.
Sus lamentaciones estaban plenamente justificadas. La influencia de los inversores mineros era innegable. Esta se derivaba en parte de una realidad tangible y en parte de esperanzas para el futuro. Las autoridades pregonaban en su propaganda que la exportación de oro y plata estaba destinada ser fuente de prosperidad. Una guía comercial decía en 1912 que “no cabe duda que el suelo de la República [de El Salvador] es extremadamente fértil, pero no es menos cierto que el subsuelo es tan rico o más que aquél”, y estimaba que para 1912 la exportación de minerales llegaba al 15 por ciento del total exportado. Los montos de oro y plata enviados al exterior subieron de US$183,760 en 1901, a US$1,116,717 en 1909. Se esperaba que continuara la tendencia al alza.
La mina situada en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, era una amplia y moderna instalación situada en terrenos que habían pertenecido al expresidente Santiago González. Su principal propietario, Charles Butters, un ingeniero californiano e innovador de la metalurgia, había hecho cuantiosas inversiones. Las fotos de las instalaciones de Santa Rosa muestran un vasto complejo de edificios que dominaba el paisaje montañoso del nororiente del país. La mina de la zona del Divisadero, Departamento de Morazán, era similar. El administrador de estas explotaciones hasta 1911 (año de su muerte) era un ingeniero, Harry Percival Garthwaite, que, gracias a la experiencia que había adquirido en minas de Sudáfrica, y a las innovaciones de Butters, tenía los conocimientos necesarios para introducir los métodos de extracción más modernos.
Su poder económico y conocimiento técnico se tradujeron en influencia política. Al morir Garthwaite, su obituario en un periódico de San Francisco, California, lo describió como “asesor confidencial del presidente de El Salvador”. La cercanía que había logrado con el presidente Fernando Figueroa le permitió asegurar sólido apoyo gubernamental a la minería. La confianza del mandatario en Garthwaite era tal, que cuando Figueroa quiso seleccionar el candidato oficial para las próximas elecciones presidenciales (léase nombrar su sucesor), envió al ingeniero minero en misión secreta a Washington para consultar con el Departamento de Estado sobre el candidato más aceptable para Estados Unidos.
Para subsanar déficits presupuestarios el gobierno vendía bonos a las compañías de Charles Butters en El Salvador (Butters Silver Mines, Butters Divisadero Company, Potosi Mining Company y San Sebastián Mining Company). En su época de apogeo, Butters se sentía con derecho a visitar al Secretario de Estado de Estados Unidos para decirle quién debía ser el próximo representante estadounidense en El Salvador.
Ante tanto poderío no es extraño que las autoridades en San Salvador permitieran que la extracción de oro y plata aumentara rápidamente sin importar el grave daño a la salud de los vecinos, deterioro ambiental y pérdida de centenares de cabezas de ganado. El peligro de la minería no se limitaba a estos perjuicios, las minas eran sitios peligrosos que empleaban gran cantidad de explosivos. En junio de 1915 reventó la bodega de dinamita del Divisadero causando un incendio en el que murieron cincuenta trabajadores en un solo día.
El siguiente documento es una carta de los vecinos de Santa Rosa de Lima, donde se encontraban las instalaciones de Butters’ Salvador Mines, pidiendo el apoyo del nuevo gobierno de Manuel Enrique Araujo. Los limeños se quejaban amargamente de la indiferencia de los antiguos gobiernos ante los problemas que causaba el cianuro empleado en la extracción del mineral y que contaminaba los ríos Santa Rosa y Agua Caliente.
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S.P.E. [Supremo Poder Ejecutivo]
Los infrascritos, mayores de edad, agricultores y vecinos de esta ciudad, ante vos, con protestas de nuestro mayor respeto, exponemos: que desde la administración del General Regalado venimos siendo víctimas de la más cruel injusticia por parte de la compañía minera Butter Salvador Mines que explota el mineral de San Sebastián, como también por la Macay Pullinger Company del Tabanco, pues con el procedimiento empleado en el laboreo de sus minas, que es la cianurización, han arruinado totalmente los únicos dos ríos de esta jurisdicción: el río de Santa Rosa y el de Agua Caliente, en donde arrojan el cianuro que les sirve en el procedimiento químico para la extracción del oro; que debido a la intoxicación de las aguas de estos ríos hemos sufrido los habitantes de esta desgraciada tierra pérdidas incalculables en nuestros bienes de campo, al grado que hemos quedado casi en la miseria y llegaremos a una total ruina si la mano bienhechora de nuestro digno, honrado y probo Mandatario no nos liberta del ignominioso y cruel proceder de la colonia extranjera que nos trata como ilotas,* menoscabando sin conmiseración alguna nuestros bienes, qué son los que nos proporcionan el pan y sustento de nuestras familias.
En cada una de las pasadas administraciones hemos levantado nuestra humilde voz, en demanda de justicia, en la errónea creencia que nuestros gobernantes serían los protectores de los débiles, pero desgraciadamente no ha sido así, pues ellos, en el paso por el poder supremo no se concretaron más que a repletar sus bolsillos con el oro amasado con el sudor de la frente de sus gobernados y ser los protectores decididos e incondicionales de los fuertes, de los poderosos, porque de ellos era el reino del oro. ¿Cómo era posible que nuestra humilde voz encontrara eco en los regímenes de Regalado, Escalón, y Figueroa contra la poderosa compañía minera de San Sebastián, cuando ésta ejercía un poder ilimitado sobre ellos, por el deslumbrante brillo del oro?
Pero a todo pueblo le llega su hora de salvación y ya en el nuestro sonó esa hora de engrandecimiento, de justicia y bienandanza y en la que se reconocen los fueros del ciudadano. Ya llegó al poder supremo el Doctor Araujo, y su escogido y selecto gabinete, que ha demostrado a la faz de propios y extraños que su ideal es el engrandecimiento de su patria, que su timbre de gloria será pasar a la posteridad como predestinado y que será ungido con el óleo santo de la historia; que con mano enérgica ha demostrado que el país no es patrimonio exclusivo del poderoso y que ya no hay contratas leoninas, ni extranjeros omnipotentes. Alentados de este íntimo convencimiento que está connaturalizado en nosotros no vacilamos en levantar nuevamente nuestra humilde voz en demanda de justicia, pidiendo al Supremo Poder Ejecutivo dirija su mirada bienhechora a estos lugares olvidados y dicte medidas que nos salven y la probable ruina que nos causaría la Compañía Minera de San Sebastián con el envenenamiento de las aguas de estos ríos, pues será mayor una vez que tendrá más ensanche el empleo del cianuro por tener más ensanche los medios de la empresa en la explotación de sus minas.
Adjunto acompañamos una nómina de los perjudicados, quienes se unen a nosotros en esta exposición, y de los semovientes perdidos que será una pálida muestra de los males causados. Nos obligamos a probar los hechos mencionados
S.P.E. [Supremo Poder Ejecutivo]
El poder público es el llamado a poner coto a los daños causados a los pueblos; razón por la cual acudimos a vos en demanda de amparo contra la Compañía de San Sebastián, por los perjuicios que nos ocasiona en nuestros bienes con el envenenamiento de las aguas por medio del cianuro.
Santa Rosa, Departamento de La Unión, agosto ocho de 1912.
Manuel de Jesús Ventura
Petronilo Vásquez
Matilde Amaya
Rafael Herrera
A ruego de don Victor Escobar que no sabe firmar, Manuel de Jesús Ventura
León Melgarez
Por Margarito Menjibar que no sabe firmar, Roberto Restrepo
Joaquín Escobar
Elías Escobar
Vicente Torrez
Siguen treinta y nueve firmas más
*Ilotas, siervos en la antigua Esparta
Original: El Faro
