La remediación de los efectos causados por la minería en el Río San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, sigue pendiente por parte del Estado, eso reveló un informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Milagro Guevara, Adjunta de Medio Ambiente de la PDDH señaló que, según el informe, el tema presupuestario es una de las principales limitantes. “La visión de supervisión por parte del Estado debe trascender por exigir a las empresas el respeto a los derechos humanos”, señaló.
La Procuradora Adjunta, además, señaló el incumplimiento de la prohibición de la minería artesanal sobre la que “no se han hecho acciones significativas para ofrecer alternativas a los mineros artesanales”.
Vidalina Morales, lideresa de Cabañas y una de las principales voceras de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, señaló que hay una profunda preocupación por la situación de la minería transfronteriza. “Se necesita un tratado binacional de aguas transfronterizas. No sabemos si este tema avanza.
Por su parte, Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) considera que es necesario hacer seguimiento a las deudas del Estado en materia de aplicación de la Ley de Prohibición de la Minería. “Es importante recordarle al Gobierno la necesidad de avanzar en el tema, como lo hace el informe de la PDDH”.
La Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, recomendó al Presidente de la República, Nayib Bukele, “procurar la transición de la minería artesanal, como medio de subsistencia, hacia otras ocupaciones que puedan brindar sostenibilidad económica a las familias de la zona”.
