El Salvador está categorizado dentro de los diez países más vulnerables en el mundo debido a su posición geográfica, sus condiciones ambientales como la deforestación, limitado acceso al agua y la actividad comercial humana.
Todo ello ha dejado como legado la contaminación que magnifica los impactos del cambio climático y empeora las condiciones de vida para la población que sufre sus consecuencias.
Ante estas amenazas, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dieron a conocer el pasado jueves el Informe de Seguimiento de esta instancia estatal a las recomendaciones para atender los impactos de la Mina San Sebastián, localizada en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
Esas recomendaciones van encaminadas a lograr que las instituciones públicas competentes impulsen acciones concretas que permitan avanzar en la remediación, diseño e implementación de políticas para afrontar los principales desafíos que, en materia de derechos humanos se presentan en la zona, principalmente en el tema pendiente de los mineros artesanales, conocidos como “güiriseros”.
El Salvador hizo historia en marzo de 2017, cuando la Asamblea Legislativa prohibió la minería metálica en todas sus formas. Pero quedó pendiente la problemática de la mina San Sebastián, que por décadas ha sido aprovechada por mineros artesanales, quienes en principio tendrían dos años para buscar otras actividades alternas.
Río Titihuapa
“Nosotros hemos dado seguimiento, y en el año 2017 la Asamblea Legislativa decretó la Ley contra la exploración y la explotación minera, a raíz de esta ley resultaron algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, sobre todo en el caso de la Mina San Sebastián, por la afectación que dejaba en la población en los abastecimientos de los recursos hídricos” apuntó la titular de la Procuraduría, Raquel Caballero.
Las organizaciones ambientales y sociales han presentado varias propuestas ante la Asamblea Legislativa a fin de lograr una protección ambiental más efectiva y adecuada. Estas iniciativas han sido acompañadas por la PDDH por considerarlas justas, una de estas propuestas ha sido la de la “Ley Especial para la Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador”.
Por su parte, Vidalina Morales, destacada lideresa del país, subrayó que el tema ambiental preocupa en gran medida a las comunidades que resistieron por más de 12 años el desarrollo de los proyectos mineros.
Consideró además que el gobierno tiene la obligación de brindar información sobre estas empresas que exploran y explotan la tierra.
