Organizaciones sociales han alertado que la pandemia del COVID-19 no está siendo tratada desde la garantía a los derechos humanos y aunque los gobiernos han implementado una serie de medidas orientadas a controlar la propagación del virus estas se han hecho bajo un contexto regional de agresión y con una agenda económica neoliberal que fortalece las elites empresariales.
Las y los integrantes que conforman la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) han manifestado y analizado las diferentes problemáticas sociales ya existentes pero agudizadas por la crisis de la pandemia del COVID-19 en las regiones de la CA4 (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador).
Un caso en particular es el de las violaciones a los derechos humanos que siguen aun con dicha crisis, como la autocensura, la criminalización, la militarización en los territorios de máxima vulnerabilidad, la judicialización injustificada sumado a los problemas ambientales como la explotación y expropiación de tierras, el uso ilegal e indiscriminado del agua, la deforestación por parte de las empresas privadas.
La Alianza ha mencionado que la parte fundamental de este análisis es para reflexionar sobre las consecuencias que se pueden originar al no establecer medidas acordes a los países en el tema de la sostenibilidad social, cultural y ecológica de las regiones y poner en alerta para enfrentarlas.
En Guatemala
Las empresas más poderosas han realizado campañas mediáticas con altos costos de dinero para dar a conocer su “ayuda humanitaria” aparte de esto la población guatemalteca se enfrenta a un estado de calamidad por las muertes de COVID-19 que los gobiernos no han sabido manejar porque ni siquiera dan a mostrar datos reales de las personas afectadas.
Así lo manifiesta Julio Gonzales, miembro del Colectivo Madre Selva y parte de la Alianza
“Al final la medida no convence no se cuenta con datos reales, la mayoría son mediáticos para ocultar información que desate el pánico. Así mismo hay una campaña mediática no solo de las empresas mineras sino también de las 8 familias más ricas de Guatemala, se les está exonerando de una donación limosna ya que de lo que les exoneran solo el 2% donan.
El sector informal y el sector campesino son los más golpeados, en este caso ya que son ellos los que no cuentan con el apoyo para quedarse en casa, están trabajando y ganando 35 quetzales diarios lo que no les alcanza para pasar el día.
Por otra parte en el área de salud, las pruebas que se le hacen prácticamente solo a las personas que tienen certeza que tienen los síntomas del COVID19, cuando deberían ser masivas para verificar la curva de contagio.
Se espera que se tomen en cuenta las lecciones aprendidas de Italia y China, en cuanto a los tratamientos alternativos que se han puesto en marcha. En definitiva no se tiene claro como el gobierno atacara la pandemia desde el punto de vista médico.
En Nicaragua
La ambientalista y defensora de Centro Humboldt Heizel Torres menciona:
“No se han tomado las medidas para evitar la entradas de esta pandemia a Nicaragua, las fronteras aéreas, territoriales y marítimas siguen totalmente abiertas; eso pone aun mayor vulnerabilidad ya que las personas que vienen de otros países donde está la pandemia siguen llegando al país. No se han tomado medidas de distanciamiento social, así como un mandato nacional o un decreto nacional.
En los territorios la gente está tomando sus medidas. Hay un aislamiento social convocado desde las comunidades, se ha visto como una empresa minera ha cerrado parcialmente por un mes y esto asusta más a la población.
Se están tomando las medidas de higiene, lavado de manos contantemente, los niños y niñas no están asistiendo a la escuela auto-convocado por los padres y madres de familia, pero los directores y profesores exigen que los niños y niñas asistan a las clases”.
En Honduras
Las preocupaciones para defensoras y defensores son numerosas pero la principal es el sistema corrupto con el que han tenido que vivir, una vida ligada bajo el autoritarismo y militarismo, y ante esta crisis toda la emergencia la está controlando el actual presidente Juan Orlando Hernández a través del ejército, también existe una preocupación en la cual el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) aproveche dicha crisis para otorgar concesiones y permisos a las empresas mineras.
“El personal médico no ha recibido ningún material de protección para atender a los pacientes y son vulnerables a contagiarse, han dado un ultimátum al gobierno para que entregue los insumos necesarios e idóneos para la atención a la emergencia. Toda la emergencia la está controlando el Presidente Juan Orlando a través del ejército y no la secretaria de salud.
Otro de los grandes problemas que Honduras a estado viviendo desde el año pasado es la crisis del agua; la capital estaba recibiendo el agua racionalmente y se agudiza aún más con la pandemia, nadie dona agua porque no hay” agregó Pedro Landa, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
En El Salvador
El Gobierno liderado por Nayib Bukele opto por dar un bono de $300 lo que beneficiaría a una parte de la población, pero se olvidó de aquellas personas que no tienen techo y que sobreviven con menos de $5 dólares al día. Sus mensajes siempre instan a la incertidumbre y el miedo.
“Las medidas han tenido un impacto negativo, no solo en la población afectada por el virus que no cuenta con un sistema de salud preparado para la crisis, sino también en un gran segmento de la población que subsiste día a día de la economía informal y que ahora tiene sus fuentes de sobrevivencia clausuradas” dijó el coordinador de la Alianza Pedro Cabezas.
En un documento de pronunciación los activistas hicieron las siguientes demandas:
- Atender la emergencia con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, y ajustados a la realidad de cada país. Para ello es necesario que los gobiernos establezcan coordinación no solo con mecanismos regionales e internacionales, sino también con diferentes sectores a nivel nacional, incluyendo el aporte, conocimiento y experiencia de las organizaciones sociales de cada país que acompañan y trabajan de cerca con las comunidades y poblaciones más afectadas.
- Dar a conocer datos estadísticos reales de las personas infectadas, fallecidas y recuperadas del COVID-19, para que la población esté bien informada de lo que está pasando en cada país. Pedimos no manipular la información para evitar al máximo daños psicológicos causados por la ansiedad y el miedo que contribuyen a la depresión y deficiencias en el sistema inmunológico.
- Priorizar el financiamiento y abastecimiento de recursos médicos de los sistemas de salud públicos, equipando y ampliando los hospitales públicos con equipos de buena calidad y medicamentos apropiados para el control del COVID-19. Los gobiernos también deben considerar la intervención o nacionalización de hospitales privados para garantizar el acceso equitativo la salud.
- Que los gobiernos y las instituciones encargadas de implementar medidas de emergencia establezcan protocolos de fiscalización y transparencia en el manejo de recursos, garantizando el derecho a la denuncia ciudadana, el acceso a la información y la libertad de prensa.
- Garantizar el acceso al agua en términos de cantidad y calidad, priorizando el abastecimiento a las comunidades más vulnerables de nuestros países. Este es el momento oportuno para generar iniciativas de leyes de agua que tengan como principio rector el derecho humano al agua, que de acuerdo a una evaluación estratégica ambiental ordene y planifique el territorio con un enfoque de protección de cuencas y que bajo la rectoría de instituciones públicas participativas, gestione y administre los bienes hídricos priorizando el uso doméstico, agrícola y pecuario y la regulación del uso comercial, anteponiendo así el interés general sobre el particular.
- Que el gobierno de Nicaragua actué de forma inmediata procediendo al cierre de fronteras e implemente los mecanismos de protección recomendados por la –OMS- y demás instituciones multilaterales para prevenir la propagación del virus y los impactos a la población. Además demandamos que el gobierno de El Salvador se sume a los esfuerzos de coordinación a través del Sistema de Integración Centroamericana SICA.
- Denunciamos el protagonismo político que las estructuras militares de la región están tomando y los excesos de violencia contra la población en general y contra defensores y defensoras derechos que siguen siendo criminalizados por defender el agua, los territorios y la vida.
