En noviembre del 2021, la empresa Elevar Resources de Guatemala, presentó de manera sigilosa un Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas para operar en modalidad a cielo abierto la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, a escasos 6 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Defensores ambientales han alertado que la mina es una amenaza grave que pone en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de las poblaciones de Guatemala y El Salvador, porque contaminaría la cuenca compartida del río Ostúa, lago de Guija y río Lempa, debido a las cantidades de metáles pesados (como el arsénico) y químicos (cianuro) que se liberan en el medio ambiente por la actividad minera.
En enero del 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa de capital de alto riesgo Bluestone Resources. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, alcanzando un capital de 94 millones de dólares canadienses para explotar la mina, según el último reporte financiero emitido por la empresa en septiembre del año 2020.
Goldcorp, inició trabajos de exploración para una mina subterránea desde el año 2005. Sin embargo, un Estudio de Impacto Ambiental, que fue denunciado por organizaciones sociales por ser aprobado de manera irregular, no previó la presencia de aguas termales en la zona, lo que hizo imposible la explotación.
Hoy la amenaza de contaminación y afectaciones ambientales es mucho más grave. Bluestone pretende explotar la mina en modalidad cielo abierto, devastando el cerro y generando un cráter aproximado de 275 metros de profundidad. Ambientalistas argumentan que la empresa no ha presentado un mapa hidrológico de aguas termales de alto contenido de arsénico, que son el detonante de contaminación para las cuencas hidrológicas altas, medias y bajas que proveen de agua a las poblaciones de ambas naciones.
Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña agresiva de engaño y compra de voluntades en las comunidades.
Según Julio González, defensor ambiental y miembro del Colectivo Madreselva, la empresa minera esta obligada a realizar una consulta pública con las comunidades para informarles sobre el impacto que genera la minería a cielo abierto. Pero en lugar de la consulta se montó una exposición donde se brindan regalos a las personas que asisten y en donde la empresa se compromete a realizar una que otra obra en beneficio de las comunidades.
Un comunicado emitido el 27 de noviembre por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), lanza un energíco mensaje que exige frenar la mina guatemalteca Cerro Blanco por considerarla una amenaza ambiental para el país, los obispos de la iglesia católica señalaron que los principales ríos de El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, como es el caso del río Lempa, que nace en el departamento guatemalteco de Chiquimula. El 15 de diciembre, en una conferencia de prensa conjunta, organizaciones de Guatemala y El Salvador denunciaron en la Ciudad de Guatemala la falta de transparencia administrativa en la adjudicación de licencias a la empresa Bluestone.
El proyecto Cerro Blanco, se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala - a 14 kilómetros de El Salvador, y opera a través de la subsidiaria Sociedad Entre Mares de Guatemala, S. A.
En el año 2004, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la exploración y explotación de oro al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), y fue denegado en dos ocasiones debido a deficiencias técnicas. Pero, según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007, el MEM otorgó un permiso de exploración por 25 años de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina.
Tanto el gobierno de Guatemala como el de El Salvador mantienen una política de persecución y hostigamiento a los defensores ambientales, de derechos humanos y organizaciones sociales, mientras facilitan el camino a empresas multinacionales para la explotación de los recursos naturales, sin priorizar las necesidades y derechos de poblaciones.
Asimismo, las instituciones de justicia mantienen un perfil bajo y alineado a la disposición de los gobiernos, es por esta razón que González manifiesta que “la justicia esta comprada, debemos hacer énfasis en el actuar de los ciudadanos para defender los derechos, ya no solo humanos sino constitucionales para detener esos impactos que son irreversibles”, consideró.
El ambientalista es firme cuando dice que se mantendrán vigilantes ante las anomalías de este nuevo Estudio de Impacto Ambiental y que no permitirán que se retomen las actividades mineras en el lugar. Asegura que acudirán a las instancias que sean necesarias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hace un llamado a las poblaciones y comunidades de ambos países a prestar atención y defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente, ya que estos daños que se ocasionarán en los recursos naturales y en las personas serán irreversibles.
González manifiesta que se ha librado una lucha de oposición de 14 años a este proyecto porque cualquier intervención minera es un impacto ambiental que destruye ecosistemas, genera desplazamiento de poblaciones y aumenta los niveles de arsénico y químicos que se utilizan en el proceso de explotación, lo que provoca enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal en las poblaciones.
