Especialistas en materia de defensa a los derechos humanos mencionan que el nuevo Código Penal de Honduras que entrará en vigencia el próximo 25 de junio representa un gran retroceso en materia de derechos humanos. Este código tiene dos caras, una es que beneficiara a corruptos, narcotraficantes y violadores y otra que restringe derechos y libertades, aseguran expertos.
Para entender mejor el contexto de la situación sobre el nuevo Código Penal, el abogado hondureño Joaquín Mejía, explica con mejor detalle el panorama.
“No debemos perder el estar viendo solo el árbol que es el Nuevo Código Penal, si no el bosque que es todo el contexto de autoritarismo que vive Honduras y que vive una crisis desde hace 10 años permanente que no se ha resuelto” dice Mejía.
Y es que en Honduras luego de la instauración del Gobierno de Juan Orlando Hernández, el país vive en un contexto de anormalidad democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado en su informe que Honduras actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir violaciones a derechos humanos y actúa de otra manera cuando se trata de proteger los intereses de quienes están vinculados al poder político, económico y empresarial.
Es de mencionar que el Código Penal vigente viene de 1983 y ante sus incontables series de reformas es un código que se da por desfasado. El problema no es que se haga un nuevo Código contina el abogado, la necesidad de hacerlo es algo positivo.
“El problema de ese nuevo Código Penal es que una de las grandes deficiencias o defectos de forma que tiene es que ha sido elaborado por un grupo de consultores españoles y no se promovió un verdadero dialogo un verdadero proceso de interlocución con diferentes sectores sociales y el propio congreso nacional y el mismo grupo de consultores que elabora ese código, eso ha generado en un contexto de falta de democracia en Honduras muchísima desconfianza ciudadana”.
Contradicciones
- El artículo 1 establece en la regla de interpretación basada en criterios de género en el cual se obliga a los jueces y juezas en un caso concreto tengan que incorporar toda la normativa internacional y toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, sin embargo luego vamos a la parte especial del código que habla de igualdad de género, en un primer artículo prohíbe de manera absoluta el aborto y convierte a Honduras otra vez en uno de los países de la región que prohibe de forma total el aborto, violentado la libertad de las mujeres e imponiendo en este sentido un embarazo forzado sin siquiera considerar las 3 causales.
- No incluye que sea violación la utilización de narcóticos y otras sustancias para anular la voluntad de la víctima y dar su consentimiento en una violación sexual, es preocupante, y en general todas las penas vinculadas por delitos sexuales contra niñas, mujeres y adolescentes se reducen sustancialmente, ignorando totalmente un contexto de grave violencia para las mujeres.
- Es un código que crea nuevos delitos que limitan la libertad de asociación de manifestación pacífica, la libertad de expresión y por otro lado reduce las penas para delitos de narcotráfico, delitos de corrupción y de violencia sexual.
- Restringe derechos y libertades en la inclusión de desórdenes públicos. En el Código Penal que va a entrar en vigencia, establece que el desorden público es cuando una persona expande o publica rumores falsos por las redes sociales que puedan generar una perturbación grave o temor en la población, violenta todos los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión implica una censura previa y ataca y limita la libertad de expresión, que no solamente incluye y protege a los discursos o a la información que es cierta y es veraz si no también aquella información que molesta, que es mentira y ofensiva.
- Vulnera el principio de presunción de manifestaciones licitas, con ese delito se da un cambio en el sentido que se presume que las manifestaciones son ilícitas, eso da un amplio margen de discrecionalidad a la policía o a la fiscalía para disolver de manera violenta, las manifestaciones y criminalizar a las personas.
- Vulnera el principio de responsabilidad penal de culpabilidad, por ejemplo, si una persona organiza una manifestación pacífica y en esa manifestación pacífica hay personas que se infiltran para provocar algún tipo de conducta ilícita. Resulta ser que la persona que organiza, aunque no cometió delitos puede ser acusado penalmente por delitos que cometió la otra persona. Es grave y atenta con uno de los principios básicos del derecho penal democrático que es el principio de responsabilidad penal y culpabilidad.
“Es un Código Penal, que tiene una doble cara, una que beneficia a corruptos a narcos y a violadores y otra que restringe derechos y libertades”
Código Penal atenta contra defensores y defensoras
Para Pedro Landa defensor ambiental hondureño y parte del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) menciona que “este proceso fue hecho a espaldas del pueblo, nunca hubo consultas”.
Por ello más de 30 organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos han rechazado este Código Penal porque asegura el defensor “es un código de la impunidad que favorece a los sectores mas oscuros del poder político y el poder empresarial de Honduras y de la región que disminuye todas las penas para los delitos políticos de crimen organizado genera un marco de impunidad para el actuar de los funcionarios públicos”
Entre algunas demandas que estas organizaciones han expuesto están:
- Que se anule el Código Penal una vez que sea aprobada la entrada en vigencia, porque el código ya está aprobado.
- Se reinicie un nuevo proceso amplio y participativo con sectores especializados en el tema y con la representación de sectores sociales y de derechos humanos nacional e internacional.
- No creemos prudente que este código entre en vigencia en medio de una pandemia como la que estamos viviendo actualmente donde la población esta luchando desesperadamente por sobrevivir, ya que hemos sido victima en estos tres meses de más de 1.2 millones de hondureños que se han quedado sin empleo.
- En medio de esta pandemia es imposible que se le ponga atención y el debate correspondiente a este proceso.
Landa agrega que las reuniones y manifestaciones pacíficas se tomaran como delito de terrorismo es decir todas aquellas acciones que en teoría afecten a la inversión extranjera, libertad de comercio, libertad de circulación van a ser consideradas como actos de terrorismo.
“La población que haga acciones de movilización de protesta en contra del modelo extractivo, en contra de la impunidad, en contra de los feminicidios va a ser acusada prácticamente de terrorismo que es lo que hemos visto en los últimos años de criminalización y judicialización para defensoras y defensores de derechos humanos”.
“Estamos a la puerta de que una vez que entre el Código Penal cualquier acción que realicen defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente va a ser catalogado como delito de terrorismo tanto con penas superiores a los 30 años” finalizó
